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Acoso a los clubes de marihuana en Madrid: van más de 20 cierres en 2017

Quizás usted no lo sepa, pero ha pasado por delante de un fumadero de marihuana varias veces. Son puertas anónimas en locales modestos, ideales para ignorar durante un paseo, que se agolpan en el centro de las ciudades. Aunque no son negocios, sino asociaciones sin ánimo de lucro, se trata de una actividad que crece exponencialmente desde 2013. En España ya hay más de 1.000, aunque más de la mitad están en Madrid y Cataluña. La comparación —una vez más— nos viene al pelo: mientras que en Cataluña hay más de 400 clubes y su situación está regulada por ley, los presidentes de las 100 asociaciones con local de Madrid están negros: desde principios de año se han cerrado 20 clubes (llevando ante los tribunales a sus responsables) y las autoridades han intervenido otra decena de ellos. Muchos ni siquiera saben a qué atenerse.

“En Madrid hemos tenido un ‘boom’ en dos o tres años, hemos pasado de 30 clubes a 180 sin darnos cuenta”, dice Beatriz Macho, abogada especializada en cannabis, “y la Fiscalía Antidroga de Madrid se ha puesto a cerrar locales. Fíjate cómo estará la situación, cómo se improvisa, que he visto a dos policías haciendo guardia a la puerta de un club mientras se estudiaban una sentencia del Supremo al respecto”. Numerosas fuentes relacionan el incremento de las acciones a la llegada a la Fiscalía Provincial de Madrid de María Jesús Armesto, cuyo nombre sonó en los medios hace un par de años al convertirse en la fiscal del caso Blesa (y también por el tremendo enganchón que protagonizó con el juez Elpidio Silva durante el proceso). Fuentes cercanas a la Fiscalía la perfilan como una jurista estricta, poco dada a gestionar con mano izquierda. Macho, con amplia experiencia en la defensa legal de estos clubes, apoya esta teoría: “La Fiscalía General del Estado dio una instrucción para que se acuse a los clubes siempre de tres delitos: asociación ilícita, tráfico de drogas y organización criminal. Los clubes de Madrid siempre son acusados de estos cargos, da igual lo que hayan hecho. Se les acusa así para que las penas sean mayores y el caso pase a la Audiencia Nacional. La Fiscalía de Madrid siempre se persona contra los clubes hasta que consigue un acuerdo, que casi siempre implica el cierre. En muchos de estos procesos se han adoptados medidas de cierre cautelar, y eso significa la muerte para una asociación, que se ve obligada a gastar dinero a fondo perdido hasta la resolución del juicio”.

La batalla por la marihuana vive una oportunidad histórica a la que se suman abogados y lobistas que defienden a los usuarios y a un sector que mueve ya 1.300 millones

Si la Fiscalía parece tener claro por dónde atacar a los clubes, estos no tienen idea de cómo defenderse. Básicamente porque no conforman un sector, sino que son clubes privados sin más en común que la marihuana. Héctor, un ingeniero leonés de 34 años, ya ha pasado por tres fumaderos: “El primero, en León, era un local como cualquier otro bar, en el que jugábamos al ajedrez y había personas de todas las edades, desde mesas de chavales universitarios como yo a abuelos tomando un vino. Cuando llegué a Madrid en 2015, por trabajo, lo primero que hice fue apuntarme a otro, pero lo dejé a los seis meses porque todos los días estaba el fútbol en la tele y la gente voceando. Allí la gente era muy joven, y yo creo que incluso dejaban entrar a amigos de socios. En el que estoy ahora, por último, han tardado cuatro meses en aceptarme, soy el más joven de todos y cuando a alguno le suena el móvil, todos le echamos la bronca, es como una hermandad”, relata para señalar la diversidad de las asociaciones.

Descontrol

Nadie sabe cuántos clubes hay en Madrid, tan solo una horquilla aceptada que los sitúa entre 80 y 180 locales. Algunos nunca se registran como asociación, mientras que otros tienen especial cuidado de que su nombre no aparezca en internet. Muchos presidentes de clubes no conocen a ningún otro, casi todos se enteran de los cierres por la prensa y no están federados a nivel autonómico ni nacional. Los que más saben son sus abogados, acostumbrados a lidiar una y otra vez con las mismas acusaciones. José Luis Parra, de THC Abogados, representa a 96 clubes en España, de los que, presume, ninguno ha sido cerrado. “Mucha gente abre un club sin tener la más remota idea de lo que está haciendo. Acceden a unos documentos en internet y se montan un local con socios sin conocer los aspectos básicos de la ley, ni siquiera de la que regula las asociaciones. He llegado a ver clubes con una empresa detrás o con datáfonos, como si fueran un Zara, cuando uno de los pilares fundamentales es que no puede existir ánimo de lucro”, dice el abogado.

El HighClass Club, en la calle Magdalena, ha sido uno de los últimos clubes intervenidos. (Instagram)El HighClass Club, en la calle Magdalena, ha sido uno de los últimos clubes intervenidos. (Instagram)El HighClass Club, en la calle Magdalena, ha sido uno de los últimos clubes intervenidos. (Instagram)

Los cierres de los clubes en Madrid no están sirviendo para ejemplarizar a los demás, básicamente porque casi todos acaban en acuerdos y hay muy pocas sentencias. Lo único conocido por todos es el ‘modus operandi’ de la policía. Envían a agentes de paisano a las puertas de los clubes y registran a los socios que van saliendo: cuando han conseguido un número determinado de incautaciones, acuden con ellas al juez para que autorice la intervención. Existe un patrón común en estos casos del que huyen todos los presidentes de clubes: la masificación.

María Valencia regenta desde hace tres años el club El Garaje, en Tirso de Molina. Afirma que la policía ha acudido al local en varias ocasiones, tanto uniformada como de incógnito, sin que le generasen problema alguno. “Yo les dejo entrar, que miren lo que quieran, no tengo nada que esconder”, dice Valencia. El Garaje cuenta con 160 socios, aunque tiene una lista de espera casi igual de larga. Su representante, en este aspecto, cumple a rajatabla con las sentencias del Tribunal Supremo, que indican que los clubes no pueden tener un número de socios desmesurado. “Hay un aspecto clave en los clubes cannábicos: no se puede hacer dinero con ellos. Esto es sencillo de comprender y, si yo tuviera 4.000 o 5.000 socios como tienen algunos, me sería imposible no lucrarme”, explica.

Entró la policía al club y me preguntó: “A qué se dedica usted, que apesta aquí a marihuana?”En su club, de 110 metros cuadrados, hay sofás, consolas de videojuegos, una mesa de billar y un futbolín. Sus socios disponen de estas instalaciones todos los días que quieran, en horario de tarde, sin restricción de tiempo. La cuota también les permite retirar una cantidad de marihuana al mes: “Esto es importante, porque en ningún momento es una venta. Se les dispensa el producto al que tienen derecho”, remata Valencia, que lamenta que otros clubes de fumadores hayan querido hacer negocio más allá de los límites que marca la ley: “¿Cómo puedes tener 4.000 socios en un local? ¿Cómo puedes evitar lucrarte recaudando tanto dinero al mes? Yo no podría hacerlo, no sabría cómo reinvertir todo ese dinero, esto es un club social”, dice la gestora de El Garaje.

Otro de los problemas habituales es que la presencia de socios en la calle molesta a los vecinos. Y como la conducta está más asociada a jóvenes, algunos clubes les han vetado el acceso. Es el caso del Cannabis Club Madrid, en la calle Doctor Esquerdo, que no permite la adscripción de turistas ni menores de 28 años. A su presidente, que prefiere mantenerse en el anonimato, le llegan 300 peticiones diarias que ni revisa. “Somos 70 socios, la mayoría treintañeros, pero muchos ya entrados en los 40 y los 50, y no necesitamos a nadie más. Cuando hay una baja, se pregunta a los socios si tienen una persona de confianza a la que proponer, de modo que no atiendo a las nuevas peticiones”, explica. En su local solo ha entrado una vez la policía, y ni siquiera sabía qué tipo de local era: “Hace unos meses entraron al local al robarnos y lo denuncié. Vinieron dos agentes y uno me preguntó: ‘Perdone que le pregunte, ¿pero a qué se dedica usted? Es que hay aquí un pestazo a marihuana tremendo’, y yo le expliqué que éramos un club. Al poco volvieron, me pidieron entrar, les dije que no y hasta la fecha”, dice.

Sin una legislación clara

En realidad, todos estos clubes están al albur de la Fiscalía en tanto que su actividad irremisiblemente choca contra la ley. Desde que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada popularmente como ley mordaza, es ilegal transportar marihuana en la vía pública. Muchos clubes tratan de impedir que los socios salgan con el producto, pero como dice María Valencia, “puedo rogárselo, pero no puedo cachearles. El cannabis es suyo y si quieren, al final se lo llevan a casa”, afirma. En el Cannabis Club Madrid, por ejemplo, se comprometen a pagar las multas a los socios que sean sorprendidos por las autoridades. Otros, los más, ofrecen soporte jurídico gratuito a sus socios.

La otra gran cuestión es cómo obtienen la marihuana si es ilegal plantarla. En Madrid y el resto del país, es habitual la compra mancomunada, que no es más que un bote entre todos los socios que sirve para abaratar el producto, pero que al final compromete enormemente a quien la transporta al club. “Se hacen compras de menos de 100 gramos, porque si la policía te detiene con esa cantidad es posible que te enfrentes a una acusación por tráfico de drogas, y eso es un problema muy serio”, dice Macho. Tal es el descontrol que el Supremo ha recurrido en varias de sus sentencias al ‘error de prohibición‘, una figura jurídica poco habitual y que sostiene, a grandes rasgos, que el acusado estaba plenamente convencido de estar cumpliendo con la ley.

Aunque sea una cuestión que a menudo pasa bajo el radar de la opinión pública, el frente político en torno a la marihuana es mucho más activo que otros que gozan de mayor presencia mediática, como el aborto o la inmigración. En estos momentos hay tres propuestas no de ley para regular la marihuana encalladas en distintas cámaras y comisiones mixtas, formuladas por ERC, Podemos y PSOE, a las que habría que sumar una cuarta, de Ciudadanos, que solo atañe al uso terapéutico de la planta. El Partido Popular, y por extensión el Gobierno de España, se opone a todas las formulaciones: “Nuestro país tiene una de las posturas más duras del mundo en cuanto a la legalización de las drogas cuando se trata el asunto en Naciones Unidas, alineado con países como Rusia y China”, sostiene Bernardo Soriano, abogado y activista del cannabis.

“El Partido Popular tiene una guerra contra el cannabis, que es una sustancia que no perjudica gravemente la salud y, por lo tanto, sus penas son mucho menores a otras sustancias. La represión comenzó con la famosa instrucción del fiscal general del Estado, dependiente del Gobierno, que llevó los delitos a penas de más de cinco años a base de sumarle el delito de asociación ilícita a la ecuación. El Plan Nacional de Drogas sigue una línea durísima, propia de los años cincuenta”, explica Soriano. Es también asimétrica: “En ciudades como Madrid o Málaga hay una presión tremenda sobre los clubes, mientras que en Canarias o Cataluña la situación es mucho más laxa, la arbitrariedad es tremenda”, dice Soriano, cuya plataforma, Regulación Responsable, está presente en algunas de las comisiones mixtas que están tratando el asunto. El Partido Popular también ha llevado al Constitucional dos leyes autonómicas, las de País Vasco y Navarra, que buscaban regular sus clubes, y se encuentran suspendidas cautelarmente. Solo Cataluña dispone de una ley vigente con respecto a los clubes, que les limita a una producción máxima de 150 kilos al año, y que presumiblemente será también recurrida al Constitucional, aunque quizás ahora no sea el mejor momento.

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