Los clubes sociales de fumadores de cannabis serán legales a partir de ahora en la ciudad de Alicante. Así lo ha acordado el pleno del Ayuntamiento con los votos a favor de Guanyar (Podemos más IU) y Compromís, la abstención del PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP. De esta forma, el pleno ha aprobado elaborar una ordenanza municipal que regule la actividad de estos clubes, que hoy se encuentran en un limbo legal.
El edil de Cultura, Dani Simón (Guanyar), ha sido el encargado de defender la propuesta, que ya presentó en el pasado mandato cuando estaba en la oposición y que entonces fue rechazada. Simón ha instado a reconocer la existencia de estos clubes, y ha afirmado que su regulación supondrá «elementos beneficiosos para la sociedad y sus usuarios». Esta ordenanza contemplará, según ha explicado, que los clubes se instalen a una distancia prudencial de zonas escolares, sanitarias o deportivas.
Según el concejal de Guanyar, «la jurisprudencia ha cambiado» respecto a esta actividad, pues existe un sentencia de un tribunal del País Vasco que reconoce la capacidad del ayuntamiento para regular esta actividad. «Los clubes ya existen y regularlos es normalizarlos a nivel legal, una normalización que ya existe a pie de calle», ha añadido. Por su parte, la edil no adscrita Nerea Belmonte (expulsada de Podemos), que también ha votado a favor, ha considerado que es «obligación» del Consistorio «regular una realidad que ya existe».
No promover el consumo
Por su parte, la edil de Sanidad, Sonia Tirado, ha incidido en numerosas ocasiones a lo largo del debate en que no se trata de «apoyar ni promover el consumo» de cannabis, ni tampoco «supone una manera de liberalización de la producción o el consumo». En este sentido, la ordenanza no pretende otra cosa que lograr que «los clubes estén legalmente constituidos», cumplan con una licencia y se regule su apertura y actividad, así como que se vele por cuestiones «de seguridad, salubridad e higiene», ha expuesto.
El portavoz del PP, Luis Barcala, cuyo grupo ha sido el único en oponerse, ha argumentado por contra que «las cosas no han cambiado en el fondo de la cuestión». Por ello ha mostrado sus reticencias a dar cobertura a «una actividad que no puede tener protección legal», y ha manifestado que «hay que hacer filigranas para justificar que se haga una ordenanza tan concreta sin entrar en la actividad». «Resulta una contradicción enorme que recibamos 107.000 euros del Plan Nacional de la lucha contra la droga y, al mismo tiempo, cobertura a una actividad que, hoy por hoy, no es otra cosa que drogadicción», ha opinado.
