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La flexibilización de las leyes contra las drogas en Irán podría evitar la ejecución de 5.000 presos

El levantamiento de la pena de muerte en algunos delitos relacionados con el narcotráfico se aplicará retroactivamente para los convictos en el corredor de la muerte

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Las vidas de más de 5.000 presos condenados a muerte en  Irán podrían salvarse gracias a un cambio legislativo que suprime la pena capital en algunos delitos de narcotráfico.

Después de China, Irán es el segundo país que más presos ha ejecutado en los últimos años, la mayoría de las veces por delitos relacionados con las drogas. Sólo en 2017 fueron ejecutadas más de 500 personas.

La flexibilización de las leyes contra el narcotráfico entró en vigor el martes con un comunicado del jefe del sistema judicial dirigido a todos las autoridades judiciales iraníes.

Para los activistas, fue un paso significativo dentro del objetivo de terminar con las ejecuciones en todo el mundo.

El parlamento iraní aprobó en agosto la ley para elevar el umbral de la pena de muerte, que ahora es por posesión de 50 kilos de opio, de dos kilos de heroína o de tres kilos de metanfetamina. En la ley anterior, la posesión de cinco kilos de opio o de 30 gramos de heroína bastaba para ser castigado con la pena capital.

Los nuevos límites se aplicarán de manera retroactiva, lo que podría salvar la vida de miles de condenados a muerte. Mizanonline, la agencia de noticias vinculada al sistema judicial iraní, informó el martes que su jefe, el ayatolá Sadeq Lariyani, había pedido a las autoridades parar las ejecuciones de los afectados por las nuevas enmiendas, reconsiderar sus casos y conmutar sus sentencias cuando fuera posible.

Altos niveles de adicción

La juventud de la población y la abundancia de sustancias baratas y adictivas, muchas de ellas procedentes de Afganistán, representa un doble desafío para las autoridades iraníes. En una población total de 80 millones, se calcula que aproximadamente tres millones de iraníes son adictos a las drogas duras.

Para combatirlas, Irán ha recurrido principalmente a una campaña agresiva de detenciones y ejecuciones. El año pasado, los países europeos que financiaban el programa antinarcóticos iraní  amenazaron con recortar sus aportaciones si Irán seguía condenando a muerte a los traficantes.

La ONG independiente y con sede en Noruega Iran Human Rights (IHR) ha seguido y criticado el uso de la pena capital por parte de Irán. Su portavoz, Mahmood Amiry-Moghaddam, acogió con satisfacción la noticia. “Es uno de los pasos con mayor potencial para limitar la pena de muerte en el mundo. Según las cifras oficiales, puede hacer que al menos 5.000 personas vean conmutadas sus penas de muerte”, explica Amiry-Moghaddam.

Jóvenes y sin recursos

“Esto no tiene precedentes, pero una cosa con la que hay que tener cuidado es que la sustitución de penas no se produce de forma automática y son los convictos los que deben dar el primer paso y asegurarse de que su caso sea reconsiderado. Nos preocupa que la mayoría de los condenados a muerte pertenezca al sector marginado de la sociedad iraní y tal vez no sean conscientes de los cambios ni tengan posibilidades de dar este paso. Los condenados a muerte por delitos de drogas deben recibir ayuda legal”.

Según Amiry-Moghaddam, desde que el presidente Hasán Rohaní firmó la ley en noviembre “nadie que conozcamos ha sido ejecutado por estos delitos”. De acuerdo con el comité judicial del parlamento iraní, más de 5.000 condenados a muerte podrían beneficiarse de la enmienda, la mayoría de los cuales tiene entre 20 y 30 años.

Pese a las nuevas medidas, Irán ejecutó a cinco delincuentes juveniles en 2017 y ha matado al menos a otro más este año. Los líderes iraníes han sido criticados en repetidas ocasiones, incluso por la ONU, por violar los tratados internacionales al mantener las sentencias de muerte para delincuentes juveniles. De acuerdo con Amnistía Internacional, al menos 88 personas están condenadas a muerte en Irán por delitos cometidos cuando aún no habían cumplido 18 años.

Según  un informe de Amnistía Internacional de julio de 2017, el nuevo cambio “no llega a abolir la pena de muerte para los delitos no letales relacionados con las drogas, tal y como exige el Derecho internacional”.

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