El gobierno uruguayo comenzará a expender marihuana a usuarios registrados en unas 50 farmacias en abril próximo. Las dos empresas adjudicatarias, Iccorp y Simbiosys, producirán cuatro toneladas de cannabis por año en predios fiscales en la localidad de San José. Ambas empresas ya acopian lo producido tras la primera cosecha.
Según dijeron altas fuentes gubernamentales a LA NACION se trata de una primera producción de alrededor de 100 kilogramos para cada empresa. Se estima que en las bocas de expendio un cigarrillo de marihuana, con niveles controlados de THC, la sustancia psicoactiva, cueste cerca de US$ 1,20. Un precio inferior a los US$ 6 que vale el prensado paraguayo en el mercado negro.
«Nuestra legislación apunta a combatir el narcotráfico y a controlar el consumo. Las cifras de Monitor Cannábico de la Universidad de la República indican que hemos expulsado del mercado ilegal a un 40% de los consumidores», dijo la fuente, que pidió no ser identificada.
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Las cifras públicas del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca) indican que ya se han registrado 6057 autocultivadores y que operan al amparo de la ley 33 clubs cannábicos, mientras las estimaciones totales ascienden a 12.000 autocultivadores y 120 clubes en trámite de aprobación.
El universo de consumidores regulares de marihuana asciende a 55.200 y ese número se triplica entre los fumadores ocasionales, según el Observatorio Uruguayo de Drogas.
El gobierno de Tabaré Vázquez, al comienzo renuente a reglamentar el expendio en farmacias, estimó que la demanda total de cannabis en Uruguay es de 26,5 toneladas. Y con el futuro expendio en farmacias a partir de abril, previo registro acompañado por una campaña sobre los riesgos del uso de sustancias psicoactivas en la salud, estima cubrir en principio la demanda del 25% de los consumidores habituales.
Trascendió que el Ircca realizó una cata cerrada entre consumidores con las genéticas que saldrán al mercado, con bajos niveles de THC, de manera de medir sus efectos. Aunque la fuente consultada por LA NACION dijo que los reparos que existen apuntan no sólo a que el efecto de la droga controlada por el gobierno sea de calidad superior y más competitiva en precio, sino también menos dañina que la que proviene del narcotráfico.
