17 activismo comenzó con el Gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2013, con la orden de la fiscalía y las posteriores sentencias del Tribunal Supremo, compuesto por mayoría conservadora, culminaron en una jurisprudencia desfavorable para la continuidad tal como se conocía de los colectivos, estrategia que los diferentes gobiernos “progresistas” no han cambiado en una política continuista en contra del movimiento y del sector cannábico. La suspensión por parte del Tribunal Constitucional de las leyes autonómicas de Navarra, País Vasco y Cataluña, aprobadas en sus parlamentos, ha sido determinante para la proliferación de asociaciones con fines lucrativos y sin acción social y política. La inacción de los diferentes gobiernos tiene como consecuencia la situación actual, que ahora los mismos políticos argumentan como un problema, problema que han creado y fomentado ellos. Utilizar este argumento en contra de los colectivos de personas usuarias, deja patente la falta de motivación o intención política de los órganos legislativos. Además, los grandes intereses económicos son, en su mayoría, contrarios a las regulaciones de carácter social. Farmacéuticas, tabacaleras, organizaciones católicas y grandes licoreras siguen mirando al cannabis como una oportunidad de negocio a toda costa y no como una oportunidad socioeconómica para el conjunto del país; todo ello acompañado de una corrupción institucional evidente que socava los derechos de las personas consumidoras. Son varias las instituciones que ya se han posicionado a favor de una regulación para el uso adulto de cannabis, como la posición mayoritaria de los magistrados de distintas instancias judiciales, incluida el Tribunal Supremo, que insta al poder legislativo a regular esta actividad; así como algunos Gobiernos autonómicos o la nueva Fiscal Especial Antidroga, entre otras instituciones, a lo largo de estos últimos veinte años. Todo ello acompañado por un amplio elenco de entidades que apoyan la regulación. Movimiento cannábico fragmentado y agotado Uno de los mayores riesgos que enfrenta el movimiento en este momento es la fragmentación. A medida que la situación se agrava, los CSC se están quedando cada vez más aislados y el apoyo de la sociedad en general es cada vez menor. La división interna amenaza con diluir la fuerza de la causa, por lo que es urgente encontrar puntos de confluencia que aglutinen los intereses de todos los sectores del movimiento. Este agotamiento dificulta la coordinación y la construcción de una estrategia unificada. La ausencia de una visión común ha dejado al movimiento aislado y debilitado frente a los desafíos externos. Ante este panorama, resulta evidente que el movimiento necesita redefinir sus prioridades. Hasta ahora, gran parte del esfuerzo se ha centrado en la defensa del modelo de los CSC. Sin embargo, esta estrategia, aunque valiosa, ya no es suficiente. Es momento de priorizar la defensa de los derechos fundamentales de las personas usuarias y cultivadoras. Centrarse en los derechos, más que en el modelo, permite construir una base más amplia de apoyo, tanto dentro del movimiento como entre la opinión pública. Farmacéuticas, tabacaleras, organizaciones católicas y grandes licoreras siguen mirando al cannabis como una oportunidad de negocio a toda costa y no como una oportunidad socioeconómica para el conjunto del país
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