10 noticias “Es indispensable regular”: abogados del cannabis denuncian el riesgo de mafias y exigen seguridad jurídica para los clubes sociales La falta de una legislación clara sobre el cannabis en España no solo genera inseguridad para usuarios y cultivadores, sino que, según alertan abogados especializados, abre la puerta a intereses mafiosos que se aprovechan del vacío legal. En palabras del jurista Francisco Azorín, una de las voces más destacadas en la defensa de cultivadores y asociaciones, “hay que regular para que las asociaciones no caigan en manos de mafiosos”. Azorín, consultor jurídico en temas de cannabis, cáñamo y psicodélicos, ha defendido durante años a activistas, usuarios y pequeños cultivadores en un marco legal plagado de contradicciones. Uno de sus casos más notables ocurrió en 2021, cuando logró la absolución de un hombre en Lugo acusado de cultivar 222 plantas de marihuana, al demostrar que su único propósito era el autoconsumo. El juez aceptó la tesis de que no existía ánimo de tráfico y que las hojas no pueden ser consideradas como sustancia prohibida por sí mismas. El modelo español: entre el activismo y la ambigüedad legal Desde hace dos décadas, los clubes sociales de cannabis (CSC) han funcionado como espacios de autoconsumo y organización colectiva sin un marco regulador. A pesar de operar en los márgenes de la legalidad, en 2015 se produjo un punto de inflexión jurídico: el Tribunal Supremo reconoció que algunos clubes no incurren en delito, al basarse en el principio de consumo compartido. Sin embargo, esa ambigüedad judicial no se tradujo en una ley, lo que mantuvo a las asociaciones en un limbo legal que hoy se convierte en terreno fértil para actores oportunistas. “El limbo jurídico en el que se encuentran las asociaciones cannábicas beneficia a quienes desean sacar provecho económico sin respetar los valores fundacionales del modelo”, explica Azorín. “Los clubes no han dejado de proliferar, pero cada vez quedan menos asociaciones con un enfoque activista y de reducción de riesgos, y abundan más aquellas con fines estrictamente lucrativos”. Un modelo vulnerable ante redes extranjeras La falta de regulación genera un efecto llamada para organizaciones extranjeras, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado, que ven en el modelo español una oportunidad de explotar lagunas legales con impunidad. Según el abogado, la inacción legislativa puede acabar entregando estos espacios a intereses ajenos a los del movimiento cannábico original. “La situación actual, lejos de proteger al ciudadano o reducir el consumo, empodera a redes ilegales”, afirma. Frente a este escenario, Azorín propone seguir el ejemplo de Alemania, que en abril de 2024 legalizó el uso recreativo del cannabis mediante un sistema controlado que permite el autocultivo y la creación de asociaciones reguladas. Abogar por el autocultivo responsable y el respeto mutuo Los defensores del modelo original insisten en que los clubes no deben ser vistos como focos de delincuencia, sino como espacios comunitarios organizados, donde el consumo se produce de forma responsable y sin impacto negativo en el entorno. “Los socios respetan las normas del club, no se consume en la puerta, no hay venta ilegal ni publicidad, y se mantiene una atmósfera privada, sin alcohol y con actividades culturales o lúdicas”, explican varios abogados defensores. En muchos de estos clubes, el cannabis es solo un punto de encuentro: se juega al billar, hay música, videojuegos, talleres de cultivo o de salud, y se construyen redes de apoyo. No se trata de negocios encubiertos, sino de espacios autogestionados con una filosofía social y de reducción de daños. “La inseguridad jurídica no es accidental”: el interés político en mantener el caos Azorín no oculta su escepticismo respecto a la voluntad política: “A algunos sectores les PromesaStudio (depositphotos)
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