50 activismo España representa un caso singular en Europa. A pesar de la ausencia de una ley que regule el uso adulto del cannabis, el país ha sido pionero en modelos de organización comunitaria Las asociaciones y plataformas El movimiento cannábico en España cuenta con una rica red de asociaciones: la FAC (Federación de Asociaciones Cannábicas) y ahora la ConFAC (Confederación de Asociaciones Cannábicas), REMA (Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas) o Regulación Responsable son algunas de las iniciativas que han cobrado más importancia y apoyo social. Estas organizaciones no solo luchan por la legalización, sino también por la protección de derechos, la información veraz y la creación de políticas públicas eficaces. Además, están conectadas con movimientos globales, participando en eventos como la Spannabis, el Cannabis Europa o la Comisión de Estupefacientes de la ONU. Obstáculos políticos y represión judicial Pese a los avances sociales, el activismo en España se enfrenta a una legislación ambigua y represiva. El Código Penal y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (“ley mordaza”) permiten sancionar el consumo en espacios públicos, el cultivo incluso con fines compartidos y el funcionamiento de clubes bajo la acusación de tráfico. Los cambios políticos han frustrado repetidamente los intentos de regulación. Propuestas impulsadas por Unidas Podemos o Esquerra Republicana han sido bloqueadas en el Congreso, mientras que el PSOE se mantiene en una posición ambigua. Además, la reciente sentencia del Tribunal Supremo en 2024, que ratificó la ilegalidad de la distribución organizada incluso dentro de clubes cerrados, ha supuesto un retroceso y ha desatado una nueva ola de cierres. Perspectivas de futuro: del estigma a los derechos El activismo cannábico, tanto en España como en el resto del mundo, está en un punto de inflexión. Por un lado, la legalización avanza en
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