7 noticias cultivo a otra persona mediante una declaración jurada simple. Además, se contempla la figura de los cultivos colectivos sin fines de lucro, formados por hasta 400 personas, cada una con derecho a seis plantas y 800 gramos anuales. Estarán prohibidos cerca de escuelas o recintos deportivos, y en ningún caso podrán involucrar a menores de edad. Se permitirá transportar hasta 40 gramos de cannabis psicoactivo, salvo en recintos públicos como escuelas, centros de salud, instituciones militares o instalaciones públicas, a menos que se cuente con una prescripción médica. El consumo será lícito en espacios privados y en aquellos no vetados por ley, siempre bajo condiciones que no vulneren el derecho de terceros o expongan a menores, siguiendo normas similares a las que regulan el tabaco. Amplio respaldo social a la propuesta El respaldo ciudadano al proyecto es significativo y, según sus impulsores, dota a la propuesta de una legitimidad que el Congreso no puede seguir ignorando. Una encuesta realizada por la consultora Tú Influyes para la Fundación Eutopía revela que un 82% de la ciudadanía chilena está a favor de una nueva regulación del cannabis, y un 63% cree que la ley actual no diferencia adecuadamente entre consumidores y delincuentes. Aunque la mayoría de los encuestados (69%) no consume cannabis, el 17% reconoce un uso recreativo y un 14% lo utiliza con fines medicinales. Con más de cuatro millones de personas adultas que han usado cannabis en algún momento, la propuesta apunta a brindar cobertura legal a una realidad social que ya existe. Un enfoque sanitario y de derechos, no punitivo Contrario a las narrativas alarmistas que suelen rodear estos debates, el proyecto no promueve el uso indiscriminado. Su espíritu es sanitario, preventivo y pedagógico. Se impulsa la educación, la reducción de riesgos, el acceso a tratamientos y el acompañamiento terapéutico, especialmente para quienes desarrollan patrones problemáticos de consumo. El diputado Jorge Brito (Frente Amplio), también firmante del proyecto, remarcó que este cambio de paradigma legal es una cuestión de justicia: “Millones de personas han sido perseguidas sin haber causado ningún daño. Esta ley devuelve el foco estatal a donde debe estar: combatir el crimen organizado y proteger la salud pública”. La regulación como herramienta contra el narcotráfico Uno de los ejes más potentes del proyecto es su objetivo de debilitar la base financiera del narcotráfico. La lógica es simple: si el Estado ofrece una vía legal, segura y regulada para acceder al cannabis, el mercado negro pierde clientes, ingresos e influencia. “Hoy, el narcotráfico domina la oferta porque el Estado ha abandonado su rol regulador. Esta ley cambia eso. Al regular, le quitamos poder a las mafias y lo devolvemos a la sociedad civil”, subrayó Brito. Esta visión se alinea con los resultados observados en países como Canadá, Uruguay o algunas jurisdicciones de Estados Unidos, donde la legalización ha contribuido a disminuir la violencia asociada al tráfico ilegal de drogas. Hacia una legislación del siglo XXI El proyecto no es solo una modificación legal, sino una afirmación política, cultural y social. Es una invitación a superar décadas de políticas fracasadas que han estigmatizado a usuarios, colapsado el sistema judicial y alimentado el mercado negro. Propone una legislación moderna, basada en la evidencia científica y en los derechos humanos, que reconozca la autonomía de las personas adultas y la diversidad de usos del cannabis. Resta por ver si el Congreso chileno se atreverá a dar el paso, pero lo que está claro es que la conversación ya ha cambiado. Chile se encuentra ante una oportunidad histórica para dejar de perseguir a quienes cultivan una planta para su bienestar y comenzar a construir una política de drogas racional, justa y centrada en las personas. PromesaStudio (depositphotos)
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