11 noticias como delito cuando se cultiva en casa. El mismo producto, dos varas de medir. Una para el beneficio económico; otra para el sufrimiento humano. Y todo esto sucede con una base legal que se remonta a una dictadura. El Decreto 287/1967 fue diseñado para regular cultivos de opio y cáñamo bajo control estatal. Hoy es el paraguas legal que ampara una industria farmacéutica millonaria que opera sin garantías sociales, sin transparencia en el otorgamiento de licencias y sin una hoja de ruta clara para que esa producción tenga un impacto positivo en la salud pública nacional. Más de medio siglo después, el marco normativo no ha sido actualizado ni adaptado a los avances científicos ni a las demandas sociales. El franquismo dejó una ley pensada para controlar drogas… y España la usa para enriquecerse sin compartir los beneficios con su ciudadanía. El intento más serio de corregir este sinsentido tuvo lugar en 2022, cuando el Congreso aprobó un informe para regular el uso medicinal del cannabis. Tres años después, ese informe sigue guardado en un cajón del Ministerio de Sanidad, paralizado por el miedo político, las presiones corporativas o, simplemente, la desidia institucional. Mientras tanto, los pacientes siguen recurriendo al mercado negro, los médicos carecen de protocolos claros, y las farmacias no pueden dispensar un producto que el propio Estado cultiva por toneladas. El problema no es solo político, es profundamente ético. ¿Cómo puede un país permitir que una élite empresarial obtenga beneficios multimillonarios vendiendo un producto que niega a sus propios ciudadanos enfermos? ¿Cómo puede el Gobierno mirar hacia otro lado mientras decenas de miles de personas arriesgan su libertad por buscar alivio fuera del sistema? ¿Y cómo puede la ciudadanía tolerar que una norma dictada bajo una dictadura siga marcando la política de drogas de una democracia moderna? España está desperdiciando una oportunidad histórica: la de liderar no solo la producción, sino también el acceso justo, regulado y garantizado al cannabis medicinal. Tiene las condiciones climáticas, la experiencia agronómica, el conocimiento médico y el apoyo social. Pero le falta lo más importante: voluntad política para convertir ese potencial en derechos. Legalizar no es solo una cuestión de consumo. Es una forma de democratizar el acceso a los cuidados, de poner el bienestar de las personas por delante del interés empresarial, de reconocer que la salud no puede estar sujeta al código postal ni al poder adquisitivo. Una regulación moderna y justa del cannabis medicinal no solo nos alejaría del pasado autoritario que todavía condiciona nuestras leyes: también nos acercaría a un modelo de salud pública más humano, más equitativo y sensato. La marihuana que hoy se exporta desde España no es ilegal. Lo que es ilegal —e inmoral— es que los beneficios de su cultivo no se traduzcan en cuidados para quienes más los necesitan. Porque el verdadero escándalo no es que España produzca cannabis. Es que lo haga para otros, mientras sigue castigando a los suyos. Cineuno (depositphotos)
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