11 noticias de limbo legal, donde ni el desarrollo empresarial ni la seguridad jurídica están garantizados. La respuesta de Kubayi a una pregunta del diputado Tobias Chance, del partido opositor Alianza Democrática (DA), confirmó lo que muchos temían: que, pese al entusiasmo inicial, el proceso de reglamentación no será inmediato ni sencillo. El retraso contrasta con las promesas formuladas por el propio Ejecutivo durante el foro Hemp and Cannabis Phakisa Action Lab, celebrado en 2023, que reunió a expertos científicos, juristas, empresarios, representantes sindicales y comunidades Rastafari. Aquel foro estableció líneas claras de acción para desbloquear el potencial económico del cannabis, incluyendo la necesidad urgente de eliminar la planta de la Drugs and Drug Trafficking Act, así como la reforma de la Ley de Medicamentos para facilitar su uso no médico. De hecho, el “artículo 1(2)” de la nueva ley ya contempla la autorización expresa de actos vinculados al cannabis siempre que estén respaldados por esta normativa o por licencias específicas. No obstante, el ministro de Comercio e Industria, Parks Tau, ha admitido que aún espera una resolución formal del Ministerio de Justicia para proceder con la retirada oficial del cannabis de la lista de sustancias prohibidas. Esta falta de coordinación entre departamentos clave está generando incertidumbre y paralizando iniciativas productivas. Las consecuencias son tangibles. Empresas dedicadas al cultivo, la investigación y la transformación del cannabis medicinal o del cáñamo industrial denuncian una situación insostenible. Connor Davis, director de operaciones de AKOS Bio —una firma farmacéutica especializada en derivados cannábicos— señaló que la ausencia de reglas claras sobre licencias, tributación o distribución ha congelado la inversión y generado desconfianza en un sector que podría ser clave para revitalizar la economía sudafricana. Además, en marzo de este año, el ya tenso clima se vio agravado por una polémica decisión del Departamento de Salud, que impuso —y luego retiró— una prohibición general sobre alimentos que contenían cannabis o derivados del cáñamo. La medida, revertida tras la intervención directa del presidente Cyril Ramaphosa, puso de relieve la falta de una estrategia estatal coordinada y coherente. Pese a las declaraciones oficiales que insisten en el compromiso del Gobierno con una regulación progresiva y participativa, la percepción dominante es de parálisis institucional. Mientras otros países avanzan con marcos regulatorios ágiles y orientados al desarrollo económico, Sudáfrica parece seguir atrapada en un laberinto administrativo que impide la activación de un sector con enorme capacidad para generar empleo, atraer inversiones y fomentar la innovación agroindustrial. En un país marcado por el desempleo estructural y la desigualdad, cada mes de retraso supone no solo una pérdida de oportunidad, sino un lastre político y económico difícil de justificar. La industria del cannabis sudafricana no demanda privilegios, sino reglas claras, plazos definidos y voluntad política. El potencial está romanbarkov (depositphotos) Vectorpointstudio (depositphotos) ahí: tierra cultivable, conocimiento técnico, demanda internacional, comunidades con saberes ancestrales y una legislación que ya ha sido promulgada. Lo que falta, según coinciden analistas y representantes del sector, es coherencia institucional y valentía ejecutiva para transformar ese potencial en realidad. Porque en un escenario internacional cada vez más competitivo, Sudáfrica no puede permitirse seguir aplazando el futuro.
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