55 activismo El retraso en la regulación del cannabis medicinal tiene consecuencias concretas sobre la salud y los derechos de miles de pacientes Un país atrapado en la ambigüedad España es una de las naciones europeas con mayor prevalencia de consumo de cannabis y, paradójicamente, una de las más rezagadas en su regulación. Aunque el consumo personal no está penalizado y el autocultivo se encuentra en un limbo legal, carecemos de un marco normativo que garantice derechos, regule riesgos y ofrezca seguridad jurídica. La regulación del cannabis medicinal ha sido prometida reiteradamente por distintas formaciones políticas. Incluso llegó a contar con el visto bueno del Congreso en 2022, cuando una subcomisión propuso una hoja de ruta para implementar un modelo medicinal que integrara a los pacientes en el sistema de salud. Pero, desde entonces, el desarrollo legislativo ha sido tímido y, lo que es más importante, todavía no ha llegado a la práctica. Este retraso no es neutro: tiene consecuencias concretas sobre la salud de las personas, la economía del país y el respeto a los derechos individuales. Es momento de abordar esta cuestión con la seriedad que exige una política pública responsable. La dimensión médica: una urgencia con nombre propio La evidencia científica sobre el potencial terapéutico del cannabis es hoy incuestionable. Diversos estudios han demostrado su eficacia para bukhta79 (depositphotos) tratar el dolor crónico, las náuseas asociadas a la quimioterapia, la esclerosis múltiple, ciertos tipos de epilepsia y trastornos del sueño, entre otras patologías. Aun así, en España, decenas de miles de pacientes se ven obligados a recurrir a asociaciones o al mercado ilícito para obtener el cannabis que necesitan. Muchos lo cultivan por su cuenta, arriesgándose a multas o incluso a procesos penales. Esta situación es éticamente insostenible. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) tiene potestad para autorizar medicamentos a base de cannabis, pero solo lo ha hecho en contextos muy restringidos. Mientras tanto, países como Alemania, Portugal, Países Bajos o República Checa han desarrollado modelos más abiertos y funcionales que permiten a los médicos prescribir preparados de cannabis bajo control farmacéutico. No se trata de ideología, sino de medicina. El cannabis medicinal debería ser un derecho garantizado, no una concesión administrativa sujeta a vaivenes políticos. Autocultivo y asociaciones: realidades que exigen reconocimiento La segunda gran reivindicación del movimiento cannábico en España tiene que ver con el derecho al autocultivo y al funcionamiento legal y seguro de las asociaciones cannábicas. En ambos casos, hablamos de prácticas consolidadas socialmente, pero sin amparo normativo claro. El autocultivo no está penalizado si se realiza para consumo personal y en espacios privados, pero tampoco está expresamente permitido. Esta ambigüedad deja a los cultivadores a merced de criterios policiales o judiciales que varían de caso en caso. Personas que cultivan para uso medicinal han sido detenidas, procesadas e incluso condenadas por delitos contra la salud pública, a pesar de no haber causado ningún daño a terceros. Las asociaciones cannábicas, por su parte, han proliferado en todo el país como una solución colectiva, autogestionada y transparente para el consumo compartido. Algunas comunidades autónomas han intentado regularlas —como
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