56 activismo Cataluña o Navarra—, pero sus normativas han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional por falta de cobertura estatal. Es decir, el Estado no regula, pero tampoco deja que lo hagan las comunidades. Regular el autocultivo y las asociaciones no es promover el consumo, sino reconocer prácticas ya existentes y dotarlas de garantías legales. Es una cuestión de derechos, pero también de salud pública y de eficiencia institucional. El coste de la inacción: economía sumergida y oportunidades perdidas La falta de regulación también tiene un impacto directo en la economía. Según diversos estudios, una legalización bien estructurada del cannabis en España podría generar miles de empleos, dinamizar zonas rurales, reducir el gasto policial y judicial asociado al cannabis, y aportar entre 1.000 y 3.000 millones de euros anuales a las arcas públicas mediante impuestos y cotizaciones. Mientras tanto, ese dinero se escapa por los poros de la economía sumergida o se va a otros países que sí han sabido aprovechar la oportunidad. Alemania, por ejemplo, acaba de iniciar su proceso de legalización recreativa, con un modelo escalonado que reconoce el derecho al autocultivo, la creación de clubes sociales y la posibilidad futura de venta regulada. España tiene un ecosistema agrícola privilegiado, una industria cannábica pionera en conocimientos técnicos y una comunidad científica preparada. Solo falta voluntad política para ponerlo al servicio del bien común. El factor cultural: normalización y estigmas pendientes El cannabis forma parte de la vida cotidiana de millones de personas en España, y no solo como sustancia recreativa. Está presente en la música, el arte, la literatura, la medicina tradicional y las comunidades terapéuticas. Pese a ello, sigue pesando un estigma moral sobre sus usuarios, que son percibidos en ocasiones como vagos, inconscientes o delincuentes. Este estigma no solo es injusto, también es contraproducente. Alimenta el miedo, dificulta el La economía sumergida del cannabis en España podría transformarse en miles de empleos y millones en ingresos fiscales diálogo intergeneracional y pone barreras al acceso a tratamientos médicos eficaces. La normalización del cannabis no significa banalización, sino integración. Significa tratar a sus usuarios como ciudadanos con derechos, no como sujetos de sospecha. Impacto social: una cuestión de justicia La represión del cannabis afecta de forma desigual. Las personas jóvenes, migrantes y con menos recursos son quienes más sufren las consecuencias de la criminalización. Las sanciones administrativas por tenencia en vía pública se concentran en barrios populares y afectan, de forma desproporcionada, a colectivos ya vulnerables. Además, el actual modelo represivo perpetúa un sistema de multas que genera ingresos para el Estado a costa del castigo de consumidores. Un modelo que, lejos de disuadir el consumo, lo invisibiliza y lo traslada al margen de la ley. lemono (depositphotos)
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