10 noticias España necesita dar el salto: del cannabis medicinal a la despenalización total El nuevo decreto que limita el acceso al cannabis a los hospitales deja fuera a pacientes, farmacias y sentido común. Regular todo el circuito sería la única forma coherente de proteger la salud y desmontar el mercado negro. Por fin, el Gobierno español ha movido ficha. El pasado 7 de octubre aprobó el esperado Real Decreto sobre cannabis medicinal. Aplausos moderados, porque la medida, aunque necesaria, se ha quedado a medio camino. Sí, el texto abre la puerta a los tratamientos con cannabis… pero solo si uno tiene la suerte de ser atendido en un hospital y de tener un médico especialista que lo prescriba. El entusiasmo dura poco cuando se lee la letra pequeña. Las recetas solo podrán emitirse desde hospitales, las fórmulas magistrales se elaborarán allí mismo y, por tanto, las farmacias de barrio quedan fuera del mapa. El resultado: un circuito tan restrictivo que muchos pacientes probablemente volverán al mercado negro. Un paso adelante… con freno de mano España llega tarde y con miedo. Mientras países como Alemania, Canadá o Uruguay avanzan hacia modelos integrales de regulación, nosotros seguimos debatiendo si el cannabis puede o no cruzar la puerta del hospital. La AEMPS concretará en los próximos meses qué dolencias podrán tratarse —espasticidad en esclerosis múltiple, epilepsias graves, náuseas por quimioterapia o dolor crónico resistente—. Correcto. Pero el problema no está en la lista de enfermedades, sino en el enfoque: tratar el cannabis como un fármaco sospechoso en lugar de como una herramienta terapéutica y socialmente regulable. La paradoja es evidente: en España se dispensan opioides como el fentanilo en farmacias comunitarias bajo estrictos protocolos, pero el cannabis, con un perfil de riesgo mucho menor, se mantiene encerrado en los hospitales. Como recordaba Carola Pérez, del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, el argumento sanitario no se sostiene. Y tiene razón: esto no es una cuestión de toxicidad, sino de prejuicio. Regular no es rendirse: es gobernar Los que defendemos la despenalización completa del cannabis no lo hacemos por romanticismo verde, sino por realismo sanitario. Décadas de prohibición han demostrado lo obvio: el consumo no desaparece, solo se esconde. Y cuando algo se esconde, pierde control, trazabilidad y garantías. Regular, en cambio, permite poner límites: edad mínima (18 o 21 años), control de potencias, etiquetado honesto, fiscalización y educación preventiva. Alemania, desde 2024, ha iniciado un modelo por fases con cultivo doméstico limitado y asociaciones sin ánimo de lucro, combinando libertad y control. Uruguay lleva más de diez años demostrando que el Estado puede producir y vender cannabis de forma segura, reduciendo el negocio del narcotráfico. Canadá, por su parte, ha disminuido las detenciones y ha afinado la regulación sobre productos de alta potencia. El consumo adolescente no se ha disparado, pero sí se ha reducido la criminalización absurda de adultos. España, en cambio, sigue en tierra de nadie: tolera el consumo, penaliza la tenencia, ignora el autocultivo y legisla con miedo. Una oportunidad perdida para la red farmacéutica Nuestro país presume —con razón— de tener una de las redes de farmacias comunitarias más sólidas del mundo. Sin embargo, el nuevo decreto les da la espalda. El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos lo ha dicho con claridad: no hay razones científicas ni jurídicas para excluirlas del circuito. Permitir que los preparados de cannabis se dispensen en farmacias acreditadas, con receta electrónica y trazabilidad digital, acercaría el tratamiento a miles de pacientes crónicos y reforzaría la farmacovigilancia. La dispensación hospitalaria puede tener sentido para iniciar tratamientos complejos, pero no para renovar cada receta o ajustar dosis. Mantener ese modelo es, en la práctica, un obstáculo más que una garantía. Despenalizar para ordenar Si España quiere realmente una política coherente, debe mirar más allá del decreto y plantear una despenalización regulada para adultos. Un modelo propio, pero informado por las experiencias ajenas: · Clubes sociales con auditorías y cupos limitados. · Cultivo doméstico acotado para uso personal. · Sanciones administrativas, no penales, cuando se incumplan condiciones. · Impuestos específicos destinados a prevención y tratamiento. · Controles de calidad y etiquetado tan estrictos como los del alcohol o los fármacos. Y, sobre todo, una política de reparación. Quienes han sido multados o condenados por belchonock (depositphotos)
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