11 noticias posesión o autocultivo de pequeñas cantidades deberían ver sus antecedentes eliminados. No es un gesto simbólico, es justicia y coherencia. La salud pública no necesita dogmas El debate sobre el cannabis está lleno de tópicos. El más común: “si se legaliza, la gente consumirá más”. La evidencia dice lo contrario o, al menos, lo matiza. En Canadá, el consumo adulto aumentó ligeramente al principio y luego se estabilizó; entre adolescentes, apenas cambió. Los riesgos asociados a comestibles o concentrados potentes son reales, pero se gestionan mejor con educación y regulación que con miedo. Lo que sí ha bajado son los arrestos, los procesos judiciales y el gasto público en persecución de delitos menores. En otras palabras: se gana eficiencia sin perder salud pública. Evaluar para gobernar Cualquier proceso de legalización responsable debe ir acompañado de evaluación continua. Un observatorio público con datos trimestrales sobre consumo, efectos adversos, mercado ilícito y delitos asociados permitiría ajustar políticas con evidencia, no con titulares. Regular es un verbo que exige seguimiento, no ideología. Salir del túnel España no puede seguir discutiendo el cannabis como si fuera un asunto de fe. Es una cuestión de salud, economía y derechos. El Ministerio de Sanidad ha abierto una rendija; toca ahora ensanchar la puerta y atreverse con una despenalización completa, ordenada y basada en datos. Porque el cannabis ya está aquí —en la calle, en los clubs, en los tratamientos clandestinos—. La pregunta no es si debe existir, sino quién debe gestionarlo: el Estado o el mercado negro. Alemania y Uruguay ya eligieron. Nosotros aún miramos el humo desde fuera. Legalizar no significa banalizar. Significa regular lo que ya ocurre, proteger al usuario y liberar recursos públicos. Es una decisión de madurez, no de rendición. Y en eso, España ya va tarde. vectorlab (depositphotos) VisualGeneration (depositphotos)
RkJQdWJsaXNoZXIy NTU4MzA1