57 activismo España exporta cannabis medicinal, pero no permite que sus pacientes accedan a él de acceso, limitar la potencia de los productos, supervisar su etiquetado y ofrecer educación preventiva. En un mercado ilegal, todo eso es imposible. En España, la realidad es que el cannabis ya circula ampliamente entre jóvenes y adultos. La diferencia es que hoy lo hace sin control ni garantías. La regulación no creará nuevos consumidores, pero sí podrá garantizar que los existentes accedan a productos seguros, sin pesticidas ni adulterantes, y que los menores estén mejor protegidos. El potencial económico El mercado global del cannabis legal superará los 70.000 millones de euros en 2030, según datos de Prohibition Partners. En Europa, se estima que la industria del cannabis medicinal y recreativo podría generar más de 500.000 empleos en la próxima década. España, con su clima, su experiencia agrícola y su posición estratégica, tiene todas las condiciones para liderar el mercado europeo. Pero el retraso regulatorio nos condena a ser meros exportadores de materia prima. Mientras Alemania desarrolla un ecosistema de producción nacional, nosotros seguimos vendiendo flores a bajo precio y comprando conocimiento a precio de oro. Una regulación integral —que abarque el uso medicinal, adulto y el autocultivo— permitiría crear miles de empleos directos, atraer inversión extranjera y aumentar la recaudación fiscal. Además, ofrecería una vía de transición para los pequeños productores que hoy operan en la economía informal, dándoles acceso a licencias y formación técnica. Raúl del Pino, portavoz de Spannabis, lo resumía así: “Desde hace más de veinte años, las ferias cannábicas han demostrado que el sector genera economía, cultura y empleo. La legalización no es una amenaza, sino una oportunidad que España lleva dos décadas desaprovechando.” Beneficios sociales de una regulación completa Más allá de la economía, la regulación del cannabis recreativo tiene beneficios sociales difíciles de ignorar. 1. Menos criminalización y más justicia. Cada año se interponen en España más de 200.000 sanciones administrativas relacionadas con el consumo o la tenencia de cannabis. La mayoría son jóvenes que pagan multas de 600 a 30.000 euros. Regular el uso adulto supondría liberar recursos policiales y judiciales para problemas más graves, además de reducir el estigma que sigue pesando sobre los consumidores. 2. Control sanitario. Una regulación bien estructurada permite garantizar estándares de calidad y trazabilidad. Los consumidores sabrían lo que compran, con niveles de THC y CBD claros, evitando contaminantes, hongos o disolventes residuales. 3. Educación y prevención. Lejos de fomentar el consumo, los países que regulan destinan parte de los impuestos a campañas de educación y prevención. En Canadá, un 25 % de la recaudación del cannabis legal se destina a programas de salud mental y prevención en menores.
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