7 noticias Y es que no se trata solo de dinero, sino de estructura. Las grandes farmacéuticas cuentan con laboratorios certificados, tecnología de punta y departamentos legales capaces de moverse entre licencias y decretos. En cambio, los campesinos deben enfrentarse a una maraña burocrática y a requisitos técnicos imposibles de cumplir sin apoyo estatal. El decreto menciona la intención de priorizar a los pequeños productores durante los dos primeros años de implementación, pero no define mecanismos claros para hacerlo. “¿Dónde está la asistencia técnica? ¿Dónde el crédito rural? ¿Dónde los programas de acompañamiento?”, se pregunta Rodríguez. La pregunta resuena en todo el país. Y la respuesta, por ahora, es el silencio. Una historia que se repite El problema no es nuevo ni exclusivo de Colombia. En Canadá, Uruguay o Estados Unidos, la transición del mercado ilegal al legal también dejó en la cuneta a quienes lo habían sostenido en la clandestinidad. En Nueva York, al menos, las primeras licencias se reservaron para víctimas directas de la política antidrogas. En Colombia, donde miles de campesinos han sido perseguidos, encarcelados o desplazados por cultivar cannabis, una medida así habría sido un gesto mínimo de reparación histórica. Pero no ocurrió “Legalizan la planta, pero no a las personas que la cultivaron”, se lamenta Mayra Correa, productora de Tolima. “Nos piden certificaciones del Invima, trazabilidad de cada gramo y condiciones de laboratorio. Eso cuesta millones. ¿Quién puede pagar eso? Solo los grandes”. Correa cuenta que su cooperativa lleva años pagando licencias y cumpliendo con protocolos, mientras nuevos actores, amparados por contactos políticos y capital extranjero, reciben permisos exprés. “Nosotros abrimos camino, ellos recogen los frutos. Es una burla.” El control como barrera El decreto refuerza los controles sanitarios, pero en la práctica eso significa más trabas para los pequeños. Las exigencias de infraestructura, trazabilidad y certificación se convierten en filtros que solo las grandes compañías pueden superar. Desde la Asociación Colombiana de Cultivadores y Transformadores de Cáñamo Industrial (ASOCAÑAMO), advierten que el exceso de regulación técnica puede tener un efecto paradójico: “Se pretende dar transparencia, pero se termina expulsando a los productores tradicionales y concentrando el mercado en pocas manos”. Y no se equivocan. Según datos de la industria, más del 80 % de las licencias activas de cannabis en Colombia están controladas por grupos empresariales con capital extranjero. Mientras tanto, las cooperativas campesinas apenas sobreviven entre trámites, tasas y deudas. En resumen, la legalidad, tal como está planteada, puede convertirse en una nueva forma de exclusión. Antes los campesinos eran criminalizados por cultivar. Ahora son invisibilizados por no poder cumplir las normas del mercado. Del alivio al desencanto Ricardo Contreras, bogotano de 44 años, conoce bien el lado humano del asunto. Tras un accidente que lo dejó cuadrapléjico, encontró en el cannabis medicinal el único alivio posible. Pero el tratamiento regulado resultó inaccesible: caro, escaso y rodeado de burocracia. “Terminé comprándolo en el mercado informal. No tenía dinero para pagar la versión ‘legal’. Era eso o vivir con dolor”, confiesa. Su historia evidencia el punto ciego del decreto: se ha pensado más en los laboratorios que en los pacientes. Según datos citados por Julián Wilches, cofundador de Clever Leaves, solo el 0,002 % de los potenciales pacientes colombianos acceden hoy a tratamientos con cannabis medicinal. Una cifra ridícula para un país que presume de ser pionero regional. La ironía es cruel: mientras las empresas exportan toneladas de flor hacia Alemania o Reino Unido, dentro del país el acceso real sigue siendo un lujo de pocos. Una oportunidad perdida El presidente Petro ha insistido en que su política de drogas busca sustituir la guerra por la regulación, la represión por la inclusión. Pero este decreto, lejos de ser un instrumento de paz, parece haber reforzado las viejas asimetrías. Si de verdad se pretende construir un modelo de desarrollo sostenible y reparador, la regulación debe ir más allá del papel: necesita una política pública participativa, créditos blandos, asesoramiento técnico y prioridad legal para quienes históricamente fueron perseguidos por cultivar. Porque sin justicia social, la “industria del cannabis” no es más que un nuevo capítulo del mismo libro: un mercado dorado donde la riqueza cambia de manos, pero la desigualdad se mantiene. Colombia tenía la oportunidad de hacer las cosas de otro modo: de poner a los campesinos en el centro, de reconocer su experiencia, de hacer del cannabis un motor de paz y dignidad. Pero el decreto, tal y como está, deja la sensación de un avance de laboratorio: impecable en la teoría, profundamente injusto en la práctica. Y mientras en los foros internacionales se celebra “el progreso colombiano”, en las montañas del Cauca una flor sigue floreciendo en desigualdad.
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