55 activismo El cannabis en España: entre el avance tímido y el retraso político Entre una regulación medicinal de mínimos y un debate recreativo que sigue encallado, el activismo cannábico encara un periodo decisivo para que España deje de mirar de reojo a Europa y asuma una reforma valiente, sanitaria y socialmente necesaria. por Antía Varela Hay victorias que llegan con sabor a derrota. Y pocas imágenes describen mejor la situación del activismo cannábico en España que la de quienes, tras décadas de trabajo, contemplan cómo por fin se aprueba una regulación medicinal… pero tan limitada, tan precaria y tan alejada del consenso científico internacional que cuesta celebrarla sin torcer el gesto. Es un avance, sí. Pero un avance mínimo, casi testimonial, que reconoce el potencial terapéutico del cannabis mientras encierra a los pacientes en un laberinto de trabas administrativas, vías de acceso insuficientes y formulaciones que dejan fuera, precisamente, aquello que en medio mundo se considera la herramienta terapéutica más eficaz: la flor. Lo ocurrido en los últimos meses, y lo que está aún por venir, merece una reflexión serena. Porque el cannabis —ese viejo conocido de la sociedad española, ese compañero silenciado por décadas de prejuicios— ha entrado al fin en el terreno político, aunque sea con la prudencia, el miedo y la mirada estrecha de un legislador que parece más preocupado por no molestar que por regular con sentido. La pregunta esencial es si el activismo, tras tantos años de resistencia, sabrá convertir este estrecho pasillo legal en una avenida ancha por la que puedan caminar pacientes, usuarios adultos, cultivadores, clubes y profesionales sanitarios. La respuesta no está escrita. Pero sí está claro el camino: aún quedan batallas fundamentales que librar. Una regulación demasiado pequeña para un problema demasiado grande La regulación medicinal aprobada en España es un punto de partida, pero un punto de partida anclado en 2005, no en 2025. Mientras países como Alemania, Reino Unido, Portugal o Grecia han comprendido que el cannabis terapéutico exige un marco flexible, amplio y adaptado a la evidencia científica —que en la mayoría de esos países incluye flor, múltiples formulaciones y acceso regular en farmacia comunitaria— España ha optado por una vía estricta, hospitalaria y limitada casi exclusivamente a unos pocos preparados. Esta visión reduccionista no solo desconoce la realidad de los pacientes, sino que perpetúa desigualdades. Un enfermo crónico que viva lejos de un hospital de referencia tendrá más dificultades que uno que viva a cinco paradas de metro. Quien se beneficie de la flor —por rapidez de efecto, por tolerancia, por economía— seguirá obligado a acudir al mercado ilícito o a cultivar a riesgo de recibir una sanción administrativa. Y quienes sufran patologías no incluidas en la futura guía terapéutica quedarán, simplemente, fuera. Como si su dolor, su ansiedad, su espasticidad o su insomnio crónico valieran menos que los de otros. El activismo cannábico lleva años insistiendo en algo tan básico como que la salud no admite apellidos. No hay “pacientes de primera” y “pacientes de segunda”. Hay personas que encuentran alivio y personas a las que se les niega porque la ley ha decidido no mirar. Y ahí es donde está hoy la frontera del debate. La flor: la gran ausente que vuelve imprescindible la lucha El rechazo a incluir la flor en la regulación española no tiene base científica sólida. No la tiene en los países donde se prescribe desde hace años, ni en las experiencias clínicas acumuladas, ni en el testimonio de miles de pacientes. La flor no es un capricho: es, para muchos, la herramienta AlphaBaby (depositphotos)
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