28 actualidad cannábica autoriza el uso medicinal, ¿con qué controles y para quién? Si sanciona el consumo, ¿qué impacto real tiene en reducción de daños, prevención y acceso a tratamiento? Y, sobre todo, coherencia significa reconocer que la política del cannabis ya no puede escribirse como si fuera un capítulo aislado: toca economía, justicia, sanidad, juventud, investigación y cultura. Américas: federalismo, rescheduling y la política del “mientras tanto” En Estados Unidos, 2025 dejó un hito simbólico y administrativo de primera magnitud: el 18 de diciembre de 2025, la Casa Blanca publicó la orden ejecutiva Increasing Medical Marijuana and Cannabidiol Research, que empuja a completar de forma acelerada el proceso para reclasificar la marihuana del Schedule I al Schedule III. Esa orden afirma que, en 2023, el Departamento de Salud (HHS) recomendó a la DEA situar la marihuana en Schedule III y explica el contraste de criterios entre Schedule I (sin uso médico aceptado) y Schedule III (con uso médico aceptado y menor potencial de abuso que I y II). Este paso no equivale a “legalización federal total”, pero sí representa algo políticamente explosivo: admitir, desde el centro institucional, que el encaje del cannabis en la categoría más restrictiva ha sido un obstáculo para la ciencia y para la práctica clínica real. La orden ejecutiva también sitúa datos que ayudan a entender por qué el debate ya no puede tratarse como marginal: señala que existen programas médicos regulados en 40 estados y DC, y que la demora federal ha limitado investigación sobre seguridad y eficacia. Además, recuerda que en mayo de 2024 se propuso una norma para mover la marihuana a Schedule III, que recibió cerca de 43.000 comentarios públicos y que el proceso seguía pendiente de una audiencia administrativa. El debate global dejó de ser “sí o no” y se convirtió en una discusión sobre “cómo” Un aspecto poco comentado —y, sin embargo, central— es que esta misma orden ejecutiva no solo habla de “marihuana medicinal”, sino que abre un capítulo sobre el desorden regulatorio de los cannabinoides derivados del cáñamo (como CBD), incluyendo riesgos de etiquetado inexacto y la necesidad de un marco federal más claro. En términos de actualidad, esto importa porque muchas controversias de 2025 ya no giraron solo alrededor de “flor” o “hachís”, sino alrededor de aceites, comestibles, productos de bienestar y fórmulas con THC en cantidades variables, donde el consumidor a menudo compra con información incompleta. Mirado desde fuera, el avance estadounidense en 2025 tiene una enseñanza útil: el cambio político llega cuando la contradicción se vuelve demasiado grande para sostenerla. Estados Unidos lleva años con mercados estatales legales que conviven con un marco federal que, en la práctica, genera fricciones fiscales, financieras, científicas y sanitarias. La orden ejecutiva de diciembre de 2025 es un intento de reducir parte de ese conflicto, al menos en investigación y clasificación administrativa. En Sudamérica, 2025 también dejó movimientos que señalan una tendencia regional: los países pioneros ya discuten ajustes de modelo, y no solo “si legalizar”. Por ejemplo, se informó de que Uruguay estaba considerando expandir las ventas legales de cannabis a no residentes (turistas), algo que indicaría una transición desde un esquema centrado en ciudadanía/residencia hacia uno más abierto y económicamente expansivo. Que un país pionero debata “a quién vende” y no “si prohíbe” es, en sí, una señal de madurez del ciclo regulatorio. Europa: del “tolerado” al “trazable” (y del debate moral al diseño legal) Europa en 2025 fue, sobre todo, el laboratorio del “modelo intermedio”: ni una prohibición total que finja eficacia, ni un mercado comercial expansivo sin frenos, sino fórmulas de ensayo (pilotos), autocultivo limitado, asociaciones y mecanismos de evaluación pública. Ese enfoque —a veces lento, a veces frustrante— tiene una virtud: obliga a escribir la regulación como ingeniería social y sanitaria, no como gesto electoral. Un caso especialmente ilustrativo fue el de Países Bajos. Según se informó en relación con el “Closed Coffee Shop Chain Experiment”, el país lanzó pilotos desde diciembre de 2023 y los fue ampliando a más municipios, y a partir de abril de 2025 los coffeeshops participantes pasarían a estar obligados a vender únicamente productos regulados (en lugar de mezclar regulado y “tolerado”). En la comunicación citada, el Gobierno neerlandés enmarca el experimento como una forma de comprobar si una cadena regulada de producción, distribución y venta es viable y qué efectos tiene en salud pública, crimen, seguridad y molestias vecinales. Y lo más relevante en clave
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