55 activismo La reubicación federal del cannabis en Estados Unidos —del rígido cajón de la Lista I a la más realista Lista III— no es un simple tecnicismo: es una grieta en el muro, abierta a base de ciencia, presión social y décadas de activismo. Y esa grieta deja una pregunta incómoda en Europa y, especialmente, en España: ¿cuánto tiempo más se va a sostener una política pública que vive de espaldas a la evidencia, al tejido social y a la salud? La ambigüedad legal no protege: solo desplaza el problema a la sombra Durante años se ha intentado reducir el debate a una caricatura: “porros sí o porros no”. Pero el activismo cannábico —cuando se toma en serio— no va de consignas fáciles, sino de derechos, de salud pública, de regulación inteligente, de justicia social y de acabar con un modelo que castiga con dureza lo que tolera con hipocresía. En 2026, mirar lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico no significa idealizar a Estados Unidos; significa entender cómo se mueve una ventana política cuando confluyen presión ciudadana, intereses económicos, necesidades médicas y una verdad que ya no cabe debajo de la alfombra. Estados Unidos: del Schedule I al III (y lo que realmente significa) El 18 de diciembre de 2025, la Casa Blanca publicó una orden ejecutiva titulada “Increasing Medical Marijuana and Cannabidiol Research” que reconoce explícitamente el estancamiento histórico de la política federal y empuja a “completar” de forma acelerada el proceso administrativo para reclasificar la marihuana al Schedule III. Esa misma orden describe que, en 2023, el Departamento de Salud (HHS) recomendó a la DEA que el cannabis pasara al Schedule III. Para entender por qué esto es relevante, conviene traducir el lenguaje burocrático: el Schedule I (Lista I) es el cajón donde el Gobierno federal sitúa sustancias consideradas de alto potencial de abuso y sin uso médico aceptado, mientras que el Schedule III implica que sí existe uso médico aceptado y un potencial de abuso menor que en las Listas I y II. En otras palabras: el cambio no es “liberalización total”, sino un reconocimiento institucional de que el relato oficial (“no hay valor terapéutico”) no se sostiene. Aquí aparece una de las frases más importantes —y más ignoradas— del momento: reclasificar no es legalizar. La propia DEA, al explicar el proceso, dejó claro que incluso si el traslado a Schedule III se finaliza, la fabricación, distribución, dispensación y posesión seguirán sujetas a prohibiciones penales federales aplicables, y que además entran en juego obligaciones de tratados internacionales y el marco de la ley federal de alimentos y medicamentos. Este punto es crucial porque desmonta el titular simplón y obliga a hablar de lo que de verdad está en disputa: investigación, fiscalidad, coherencia normativa, y el fin progresivo de una anomalía política. El 21 de mayo de 2024, el Departamento de Justicia propuso formalmente transferir la marihuana del Schedule I al Schedule III, citando la visión del HHS sobre uso médico aceptado y su evaluación del potencial de abuso y dependencia. La DEA también informó de la apertura de procedimientos formales de audiencia vinculados a esa propuesta, en el marco del proceso de rulemaking. Y la orden ejecutiva de diciembre de 2025 añade datos políticos muy significativos: afirma que la propuesta recibió cerca de 43.000 comentarios públicos y que, en ese momento, el asunto estaba a la espera de una audiencia ante un juez administrativo. Ahora bien: ¿qué cambia materialmente si el cannabis baja a Schedule III? · Investigación menos bloqueada (aunque no “libre”): la orden ejecutiva sostiene que la posición en Schedule I ha obstaculizado la investigación y ha limitado la capacidad de científicos y fabricantes para generar evidencia sólida sobre seguridad y eficacia. Esto tiene consecuencias prácticas: cuando investigar es un laberinto, el conocimiento se ralentiza; y cuando el conocimiento se ralentiza, el debate público se vuelve rehén de prejuicios, rumores o intereses. · Reconocimiento político del uso médico: la orden ejecutiva subraya que HHS determinó que la marihuana medicinal tiene un “uso médico actualmente aceptado”, apoyándose —entre otros elementos— en la existencia de millones de pacientes registrados y decenas de miles de profesionales autorizados en distintas jurisdicciones de EE. UU. Ese reconocimiento, aunque sea administrativo, funciona como un golpe simbólico al pánico moral que durante décadas sostuvo la prohibición. · Alivio fiscal para la industria regulada: organizaciones de política de drogas han señalado que el cambio a Schedule III eliminaría la restricción fiscal que impide deducir gastos empresariales ordinarios a negocios vinculados a sustancias de Schedule I o II, algo que hoy distorsiona precios, salarios y competencia frente al mercado ilícito. Esta parte importa incluso a quien no simpatiza con la industria: cuando el mercado legal nace asfixiado, el ilegal encuentra oxígeno. Y, aun así, es fundamental insistir: el Schedule III no es el final del camino. Es un cambio de carril, no la llegada. El activismo serio lo sabe: puede celebrar la grieta sin confundirla con una puerta abierta de par en par. Activismo cannábico: una lucha por derechos (no por estética) El activismo cannábico lleva demasiados años siendo tratado como un fenómeno marginal, cuando en realidad se parece más a un movimiento de derechos civiles en cámara lenta. Y como todo movimiento complejo, tiene tensiones internas: pacientes frente a consumidores recreativos, asociaciones frente a empresas, reducción de daños frente a moralismos, urgencia política frente a prudencia regulatoria. Pero su hilo conductor —el que lo hace legítimo— es sencillo: si millones de personas ya usan cannabis, la obligación del Estado no es negar la realidad, sino gobernarla con inteligencia, justicia y salud pública. En el centro del activismo moderno hay tres ideas que conviene decir sin rodeos: 1. La prohibición no elimina el consumo: lo hace más peligroso. Cuando el acceso
RkJQdWJsaXNoZXIy NTU4MzA1