58 activismo 3. Uso adulto regulado con control de calidad. Si se decide avanzar, el punto no es “más porros”, sino “menos incertidumbre”. Estándares de laboratorio, trazabilidad, límites por compra, control de potencia, canales de venta definidos y sanciones claras para quien opere fuera del sistema. 4. Tejido productivo y competitividad. Hoy ya se habla de cientos de puntos especializados, marcas y empleo alrededor de CBD y servicios asociados, según estimaciones sectoriales recopiladas en informes y prensa. El activismo económico puede traducir esto a lenguaje de política industrial: I+D, genética, biotecnología, agritech, certificación, exportación, formación profesional y atracción de inversión con reglas estables. 5. Fiscalidad con destino social. La regulación puede diseñar impuestos que no empujen al consumidor al mercado ilícito, y al mismo tiempo destinar parte de la recaudación a prevención, educación, salud mental y tratamiento. En términos políticos, esto cambia el marco: ya no es “regular para que la gente fume”, sino “regular para financiar soluciones y quitar cuota a redes ilegales”. Hay datos del sector que sugieren que, incluso en el escenario actual, el segmento legal suma volúmenes relevantes (por ejemplo, desgloses de ingresos legales en torno a cientos de millones, con CBD y grow shops como partes destacadas), mientras la mayor parte del gasto total seguiría en el mercado ilícito, según informes citados en prensa. Eso es exactamente el argumento económico de fondo: la no regulación no “ahorra” problemas, solo renuncia a gestionar y a capturar valor público (impuestos, empleo formal, control sanitario) de una actividad que ya mueve dinero. Finalmente, un buen modelo requiere honestidad intelectual: regular también implica admitir riesgos (dependencia en una minoría, problemas en menores, conducción bajo efectos, interacciones medicamentosas) y construir barreras de seguridad. El activismo que ignora esos puntos se hace frágil; el que los integra, gana legitimidad y alianzas. Sin regulación, el Estado pierde control de calidad, pierde prevención efectiva y deja el terreno a circuitos opacos
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