El Cultivador 29

51 a pie de calle convivencia social de un país, concretamente para el caso que nos ocupa, a los vínculos que la sociedad puede (o no) tener con el cannabis. Es aquí donde encontramos las diferentes normas asociadas a la prohibición, actualmente en forma de castigos adminis- trativos o penales, cuyos efectos buscan disuadirnos para que no nos relacionemos con esta sustancia de unas maneras pre- cisas. Es en estas normas donde tenemos que investigar pues, de igual manera que en el mundo laboral y académico, se busca ajustar los incentivos con la finalidad de que el tra- bajador o estudiante se esfuerce más. Cuando hablamos de salud pública, si la meta es que la sociedad se comporte de manera saludable, resulta imprescindible analizar cómo las normas con las que a día de hoy se trata el cannabis crean incentivos y cómo estos afectan a las personas involucradas para saber si facilitan las conductas deseadas. La reflexión crítica al marco legal imperante se hace, por tanto, necesaria e impres- cindible para co- rregir aquellos desajus- tes le- g a l e s que actúan como malos incentivos. Además, un análisis prudente permitirá también al sistema jurídico formular nuevas hi- pótesis y evolucionar en consonancia con una sociedad que pide a sus insti- tuciones, hoy más que nun- ca, estar a la altura de los cam- b i o s que ya se están produciendo a pie de calle. Maximizando el riesgo de los consumidores Tras décadas de prohibición, más o menos severa (en fun- ción de la legislación nacional de cada país), y consumo in- interrumpido, resulta evidente suponer que la prohibición, al menos parcialmente, ha fra- casado en tanto en cuanto no ha conseguido eliminar dicho consumo. Siendo el consumo de cannabis, y no la produc- ción ni la distribución, la ac- tividad que se presume pro- duce daño a la salud (siendo curiosamente la única legal de las tres en España). Ca- bría preguntarse cuán sa- ludable es bajo la prohibi- ción y qué incentivos instala esta restricción legal alre- dedor del hábito. Aunque existe bastante con- senso médico en cuanto a los peligros que puede conllevar consumir cannabis, al igual que en el consumo de alcohol y ta- baco suele ignorarse, quizá por interés, cómo la clandestinidad en la que se tienen que sumergir los consumidores, en muchas ocasiones, les lleva a realizar consumos en los que no existe el control sanitario necesario para reducir los riesgos propios de la actividad, cómo este pro- ceso les lleva igualmente a la estigmatización del resto de la sociedad, o cómo, si no hay for- ma sencilla para proveerse de la forma más tradicional de presentación del cannabis (en forma de cogollos o hachís), pueden acabar recurriendo a aprovisionarse reemplazando la droga tradicional por susti- tutos más peligrosos pero de acceso más sencillo (de los que hablaremos más adelante). Los incentivos de la prohibi- ción, lejos de proteger el derecho a la salud, aseguran un consumo irresponsable, pues empujan al usuario de cannabis a realizar un consumo clandestino, anti- higiénico y sin supervisión. Del mismo modo, la desconfianza de unos consumidores que pue- den sentirse rechazados social- mente por otros ciudadanos, probablemente atemorizados con la idea de que la sustancia ronde cerca de sus vidas, puede conducirles a recelar de com- partir con el resto de la sociedad aquellas experiencias negativas susceptibles de necesitar un tipo u otro de apoyo, por miedo a ser juzgados moralmente, por ejemplo, con el personal sani- tario cualificado que podría tra- tar situaciones problemáticas concretas con algo más que el mantra del “no a las drogas”. Elegir un enfoque legal más próximo al paradigma de las llamadas políticas de harm re- duction (reducción de daños), en lugar del fracasado modelo prohibicionista sería, quizá, el mejor primer paso que podría- mos dar para convertir al con- sumidor de cannabis, y de cual- quier otra droga, en dueño de Los incentivos de la prohibición, lejos de proteger el derecho a la salud, aseguran un consumo irresponsable