El Cultivador 35

52 a pie de calle que desean ejercer su derecho de secesión como para los catalanes relacionados con los clubes sociales de cáñamo recientemente regulados, y, por extensión, para todos los españoles igualmente vincu- lados a estas novedosas y pecu- liares instituciones. La inconstitucionali- dad y el peligro legal que corren los clubes La relativa calma de la que gozan las asociaciones canná- bicas, con excepciones terri- toriales y teniendo siempre en cuenta las limitaciones que deben soportar, no debe con- siderarse como algo perenne y no sujeto a repentinos cam- bios. Es necesario recordar, como argumenté en el número anterior de El Cultivador , que a día de hoy, y mientras no haya cambios legislativos pro- fundos a nivel nacional, el cul- tivo y distribución de cannabis están prohibidos, si bien la vía penal con frecuencia no castigue a quienes lo hacen bajo la figura del autocultivo porque no se considere nar- cotráfico. En ese sentido, las propias discordias entre los magistra- dos del Tribunal Supremo, por ejemplo en la sentencia que emitieron sobre Ebers al defen- der algunos de ellos la abso- lución, y el alto número de asociaciones cannábicas ope- rativas en el presente sin que haya un goteo pronunciado de cierres, no deben hacer pensar en que somos invulnerables. Incluso en el caso catalán, que es de lejos la comunidad autó- noma (o lo que sea ahora mismo) con más presencia de clubes, contándose éstos por cientos, e incluso habiéndose legislado recientemente ley muy favorable al funciona- miento de los mismos, corre igualmente un grave peligro. Las leyes españolas no son compatibles, hasta ahora, con las aspiraciones parlamentarias que puedan tener Cataluña, Navarra o el País Vasco mien- tras las primeras sean tajan- temente antagónicas en cuanto a producción y distribución se refieren. La legalidad de las asociaciones es, en realidad, un frágil castillo de naipes, La legalidad de las asociaciones es, en realidad, un frágil castillo de naipes, como indica el propio Tribunal Supremo