El Cultivador

L a Junta Directiva del OECCC ha presentado el informe "Licencias para cultivo de cannabis. Aná- lisis a partir de las últimas informaciones dadas por AEMPS". Destaca la falta de transparencia, y que las respuestas del Gobierno son contradictorias y no existe un proce- dimiento administrativo claro, que proporcione igualdad de oportunida- des. El OECCC presentó este informe ante las instalaciones de Monsanto Cartagena, por haberles informado distintas fuentes que allí se cultiva el cannabis de la única licencia que se ha concedido para la producción y exportación de cannabis con más del 0,2 % de THC. La licencia fue conce- dida a Alcaliber, se traspasa a Linneo Health en el proceso de venta de Alca- liber al fondo británico GHO, que opera desde el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Serían Linneo Health los que habrían, supuestamente, sub- contratado el cultivo final con Mon- santo, marca que pertenece a Bayer. Con esta presentación, el OECCC quiere destacar la opacidad absoluta en la que se mueve el proceso de con- cesiones. El informe se ha entregado también a los principales grupos polí- ticos, solicitándoles una ley de can- nabis medicinal completa e integral, con sitio para las personas. Ni siquiera a los parlamentarios se les informa en detalle, ya que en cuatro respuestas al gobierno se ofre- cen cuatro cifras diferentes, que tam- poco concuerdan con lo recientemente expuesto en la web de la AEMPS. Así, el 12 de diciembre del 2017 se habla de seis licencias a cinco empre- sas, el 15 de enero de 2018 de una licencia, el 15 de febrero del 2018 de doce licencias y el 28 de diciembre de ocho autorizaciones a siete empre- sas. Además, la información facilitada en estas cuatro respuestas tampoco coincide con la publicada en la página web de la AEMPS desde el 18 de diciembre del 2018. De esta forma, en las respuestas del Gobierno solo aparece una empresa con licencia de producción: Alcaliber. En cambio, en la web de la agencia esta licencia apa- rece atribuida a Linneo Health. Tam- bién aparece Cafina con licencia de producción y además aparece una empresa no citada en las respuestas al Gobierno, Oils4Cure S. L. Además, en la web de la agencia no constan dos empresas que si aparecen las res- puestas del Gobierno: Parque Etno- gráfico Pirámides de Güimar S. A. U. y DJT Plants. A esto se suma que dos de las respuestas al parlamentario Miguel Vila, fechadas el 15 de enero de 2018 y 15 de febrero de 2018, ni siquiera han sido publicadas en la web del Congreso. Respecto a las leyes citadas en las respuestas del Gobierno, como se puede observar si atendemos a su fecha, se trata de normas desfasadas y anticuadas, todas ellas preconsti- tucionales, lo que evidencia la falta de una legislación estatal que regule esta cuestión de forma adecuada. Hay que tener en cuenta que en esa ley se indican organismos, como los tribu- nales de contrabando, que ya no exis- ten. Respecto a las variedades de origen lícito empleadas, se referencia varie- dades tan generales como “cannabis sativa variedad índica”, que es toda una subespecie dentro de la especie de la Cannabis sativa L . A priori , parece que deberían ser semillas cer- tificadas, pero, tras una investigación al respecto, se han localizado varie- dades que no aparecen en ningún registro de variedades. Se desconoce que entiende la AEMPS por origen lícito, ya que en sus respuestas solo hacen referencia a un documento sobre la necesidad de juntar fondos para perseguir el tráfico ilícito de variedades de cannabis, donde ni se definen las variedades de origen lícito, ni las de origen ilícito. Ya se están concediendo licencias, ya existen unas pautasmínimas, ahora solo falta cumplir con el ordenamiento jurídico. Que la administración, como es su obligación, establezca un pro- cedimiento administrativo debida- mente delimitado, para que cualquiera de las empresas que quieran desarro- llar estos proyectos, lo puedan hacer en igualdad de condiciones, dentro de un margen que aporte la transpa- rencia y la seguridad jurídica debida. Asimismo, para todo ello se debería crear un organismo administrativo para la gestión de todas las licencias relacionadas con el cannabis, lo que podría ser un adelanto para la gestión de una regulación sobre el cannabis en general. A pesar de las recientes recomen- daciones de la OMS (del 24 de enero de 2019) a la ONU sobre las evidencias de que el cannabis está clasificado inadecuadamente en las listas de los convenios internacionales, no se per- mite el autocultivo de los usuarios medicinales que siguen sufriendo pro- cedimientos penales, sanciones por tenencia y conducción e incluso, en algunos casos, penas de prisión. Al mismo tiempo se autoriza, en régimen de oligopolio, el cultivo a grandes compañías, algunas de ellas interna- cionales u operadas desde paraísos fiscales, con criterios poco claros. El OECCC solicita que se acabe esta paradoja con una ley del cannabis medicinal, clara, transparente y que incluya el autocultivo medicinal, así como la tenencia y uso de cannabis. ¡Primero las personas, luego las empresas! El denuncia falta de transparencia y prácticas de monopolio en la concesión de licencias El Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis (OECCC) ha denunciado la falta de transparencia y las prácticas de monopolio que rodean la concesión de licencias del sector por parte del Gobierno de España. El OECCC ha presentado un detallado informe sobre las licencias delante de las instalaciones de Monsanto Cartagena, donde existen sospechas de que cultiva cannabis una alianza de empresas farmacéuticas, hasta ahora oculta a la opinión pública. 4 noticias