El Cultivador

11 actualidad y activismo base a ningún informe científico ni evi- dencia científica alguna que motivara esta inclusión y las perspectivas de futuro después de la revisión por parte de la OrganizaciónMundial de la Salud en 2018. Continuamos con la crimina- lización de las personas usuarias y el afán recaudatorio por parte del Estado con las sanciones administrativas; y con el importe de las multas por con- sumo o tenencia en espacios públicos, que aumentaron en julio de 2015 con la aprobación de la conocida “ley mor- daza”. Desde 1992 hasta 2015, con la conocida como “ley Corcuera” o “ley de la patada en la puerta”, este tipo de infracciones recibían una sanción tipi- ficada entre los 300 y los 30.000 euros, aunque la Administración práctica- mente siempre optaba por la sanción mínima. Ahora la sanción mínima se ha duplicado, con lo que han conseguido recaudar, solo en 2018, un total de 243.208.800 euros. Dado que la regu- lación española sobre cannabis y otras substancias se diseñó en aplicación de unos convenios elaborados sin criterio alguno el siglo pasado, urge una actua- lización de dichas normas, teniendo en cuenta el nuevo contexto social y jurídico. Por supuesto, hay distintas opiniones y soluciones, por eso conviene que se abra ya una ponencia en la que profesionales y expertas puedan poner en común toda la información necesaria para establecer medidas concretas que permitan llegar a un consenso social sobre el cannabis. Las nuevas políticas de salud pública habrán de despren- derse de su característica óptica moralista, centrada en los aspectos de adicción que durante muchos años han mantenido, y facilitar a las personas usuarias y a la comunidad que se hagan responsables de una realidad, así como enseñarles a vivir y convivir con sus consumos de drogas. La segunda mesa fue la de los movi- mientos sociales, la formaron Afra Blanco (Federación de Servicios yMovi- lidad de UGT, FESMC-UGT), Amparo Grolimund (No Somos Delito), Ivan Ayala (profesor de Economía en la Uni- versidad Rey Juan Carlos, URJC), Sandra Moñino (Unión de Pacientes por la Regulación del Cánnabis, UPCR) y Patty Amiguet (portavoz de la Con- federación de Federaciones Cannabicas, ConFAC, y cofundadora de la Red Esta- tal de Mujeres Antiprohibicionistas, Saliendo de la AMEC hacia la Puerta del Sol Segunda mesa Primera mesa Ahora la sanción mínima se ha duplicado, con lo que han conseguido recaudar, solo en 2018, un total de 243.208.800 euros reflotar una economía actualmente sumergida, aportando unos ingresos fiscales que generarían entre 2.000 y 3.000 millones de euros para el Estado, y reducir el coste de prisiones y represión