El Cultivador

11 actualidad y activismo decir “¡basta!” y exigen que semodifique de forma urgente la normativa y se instaure una nueva legislación que garantice los derechos humanos. Después de la crisis económica del país, llegó la austeridad, la prima de riesgo, la represión, el control, la pre- cariedad y el descontento social. Un caldo de cultivo idóneo para el esta- blecimiento de nuevas herramientas sociales que, dictadas por la autoridad competente (que no conveniente), sirvieran para reajustar el concepto abstracto de justicia. Surge entonces la Ley Orgánica 4/2015, del 30 de marzo, de protección de seguridad ciu- dadana, que desde su entrada en vigor no ha estado exenta de polémica incluso a nivel internacional. Con ella se avanza en dirección al retroceso de la sociedad, poniendo en riesgo el ejercicio de dere- chos como la libertad de expresión, de información y de reunión / manifesta- ción pacífica. La conocida ley mordaza también ha actuado con crudeza ante la tenencia y/o consumo de drogas en la vía pública, llegando a establecer sanciones abusivas que oscilan entre 601 a 30.201 euros. Según los últimos datos disponibles en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, el 99 % de este tipo de multas se circunscribe al cannabis. De hecho, aunque los consumidores de cannabis diarios no hayan ascendido de forma reseñable en el país, el Estado ingresó entre 2016 y 2017 un 68 %más de multas por tener o fumar marihuana en la calle desde que se instauró la famosa ley, lo que se traducía en una recaudación de más de 102 millones de euros en 156.981 multas, a unamedia de 654 euros por sanción. Las nuevas propuestas legislativas con sus sanciones y penas desorbitadas, de nuevo recaen sobre los consumidores. Este hecho ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad, la inseguridad y la incesante discrimi- nación jurídica a la todavía hoy se enfrentan los defensores de la planta del cannabis en nuestro país. Las secuelas de la irrespon- sabilidad Si la historia sobre la legislación del cannabis en España ya se mostraba bastante compleja y controvertida, estas nuevas formulaciones, por supuesto, no han facilitado nada las cosas. Dentro de los procesos judiciales, las asocia- ciones cannábicas también se han visto especialmente afectadas. El movimiento cannábico asociativo de España cuenta con una tradición autóctona y adquiere una personalidad e identidad propia. Durante años, a través de organizacio- nes como la ConFAC, las asociaciones cannábicas se han unido para lograr implantar nuevas políticas antiprohi- bicionistas. Desde su fundación, la ConFAC ha logrado aunar fuerzas con diez federa- ciones cannábicas autonómicas y más de sesenta asociaciones distribuidas por todo el estado español. Entre sus objetivos prioritarios se encuentran: la regulación de los diferentes usos de la planta del cannabis, la defensa y el reconocimiento de los derechos de las personas usuarias adultas y libres, y la seguridad y protección jurídica para el cultivo personal y colectivo, así como una regulación estatal y consecuente de los CSC. Estas agrupaciones, por medio de sus representantes y a través un amplio repertorio de acciones, donde se inclu- yen las reuniones sociales de estudio e investigación o “Jornadas sobre el can- nabis”; las manifestaciones pacíficas o las acciones de defensa y apoyo jurídico más de 250 organizaciones y colectivos se unen para decir “¡basta!” y exigen que se modifique de forma urgente la normativa y se instaure una nueva legislación que garantice los derechos humanos La ley mordaza multa que se vea el autocultivo desde la vía pública