El Cultivador

11 actualidad y activismo Por una parte, el Código Penal español sigue sin considerar delito el consumo, la posesión y el cultivo de cannabis siempre que sea para consumo propio. Ahora bien, delimitar dicha finalidad depende de los criterios de las admi- nistraciones judiciales. A su vez, el Estado español se beneficia económi- camente del sector legal del cannabis que abarca desde el IVA de los pro- ductos destinados al autocultivo, hasta impuestos a los empresarios de grows- hops , bancos de semillas, productores, asociaciones, colectivos cannábicos y trabajadores de la industria en general. Del mismomodo, esta industria tam- poco se libra de la persecución, la incautación y la criminalización que, en cierta medida, se ha visto intensificada durante la crisis provo- cada por el COVID-19. Parecía que esta legislatura se vis- lumbraban ciertos brotes verdes cuando el PSOE se comprometió a constituir una comisión de estudio para abrir un debate en profundidad sobre el cono- cimiento del cannabis y sus efectos sobre la salud. Sin embargo, tras las últimas declaraciones y actuaciones del Gobierno, parece que las personas usuarias de cannabis con fines tera- péuticos seguirán siendo descuidadas por la sanidad pública, sin derecho a paliar sus dolencias de forma autosu- ficiente. Aunque, desde la formación morada, el deseo del ejecutivo de obte- ner mayores garantías y seguridad es razonable y aceptable, lo que nos situaría en un entorno de prerregulación, lo cierto es que las realidades y necesidades de la sociedadmerecenmedidas mucho más urgentes y menos contradictorias. Hablamos de persecuciones y prejui- cios, que se vierten hacia personas enfermas que únicamente buscan una solución para aliviar sus dolencias. Los 200.000 usuarios de cannabis tera- péutico que llevan años desolados, experimentando sobre ellos mismos, tienen dificultades para cultivar su pro- pia marihuana en casa, pero algunas empresas sí pueden optar a una licencia autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), para exportar su cannabis medicinal a Alemania operando desde paraísos fiscales. En este sentido, mien- tras la televisión y las farmacéuticas hacen gala de los beneficios de los can- nabinoides, concretamente del CBD, en la salud, los usuarios terapéuticos que requieren de cannabis se ven total- mente abandonados por la sanidad pública, hecho que les empuja hacia la discriminación y la criminalización, judicial y social. Lo que se contempla entonces es la necesidad de establecer una regulación integral, donde se incluya la posibilidad para los usuarios de ser autosuficientes y libres, aceptando que es necesaria la realización de estudios farmacéuti- cos, pero sin consentir que los costes en la investigación recaigan de forma tan abusiva sobre los pacientes, como ocurre con Sativex y Epiliodex, ambos tratamientos excesivamente caros e insuficientes entre una buena parte de los usuarios medicinales, ya que están orientados a patologías muy definidas como la esclerosis múltiple o la epilepsia. Entre las cuestiones que subyacen, destaca la necesidad de crear y establecer una regulación para el sector del cannabis en España tras las últimas declaraciones y actuaciones del Gobierno, parece que las personas usuarias de cannabis con fines terapéuticos seguirán siendo descuidadas por la sanidad pública