El Cultivador

55 actualidad y activismo como este en el artículo 368, a lomejor llevaría a aflorar otras tipicidades (legis- lación especial de contrabando)”. En resumen, nuestro Tribunal Supremo entiende que se traspasa la línea roja de la legalidad en la actitud de estos clubes que crean un sistema organizado de cultivo, acopio y entrega de dichas sustancias, aunque estos sean a una serie de personas socias identificadas. Se traspasa el autocon- sumo compartido, ya que la forma de actuar existe una estructura metódica, con vocación de permanencia en el tiempo y con carácter abierto a nuevas incorporaciones de manera un tanto ilimitada sin ningún control en cuanto a la cantidad ni al lugar del consumo. Todo ello ha hecho que los juzgados se decanten por entender dichas acti- tudes como fuera de la ley a la que no se ajustan. Lo que sí tenemos claro es que la solución al tema no puede dejarse en manos de nuestros juzgadores, sino que es el momento de que el poder legislativo inicie un debate sobre la cuestión, y desarrollemos una reforma de ley, que dé una solución al tema para que así se pueda encontrar una vía satisfactoria que permita un con- sumo responsable y el desarrollo de una políticas de prevención del con- sumo y reducción de riesgos, dando un marco de desarrollo a las asocia- ciones de personas usuarias de cannabis como modelo de acceso instaurado desde hace más de veinte años en nuestro país. Desde su creación, ConFAC defiende la iniciativa de los CSC como unmodelo alternativo de acceso al cannabis para millones de personas usuarias del can- nabis tanto lúdicas como terapéuticas en el Estado español. Como sociedad civil, hemos logrado desarrollar un modelo asociativo basado en un código de buenas prácticas que garantiza su efectividad en torno a la reducción y prevención de daños, la defensa de los derechos de las personas usuarias y el control y gestión de la sustancia. Dado que es unmodelo ampliamente extendido en nuestro territorio que incluso ha traspasado fronteras, exi- gimos a las instituciones políticas que establezcan un plan legislativo sobre la regulación del cannabis, enfocado en la reducción de daños, que no se limite al ámbito policial y que con- temple las realidades y las necesidades sociales bajo criterios de salud, segu- ridad y derechos humanos. La deriva prohibicionista de estos últimos años marca la falta de coherencia y cohesión entre el poder judicial y los valores de la sociedad actual Estamos en un punto de inflexión, donde el debate mundial sobre la regulación del cannabis se encuentra en una situación de no retorno