El Cultivador

59 OECCC de políticas públicas ajustados a la realidad científica y social de nuestro entorno, en los que aparezcan aspectos tan relevantes como el derecho a decidir sobre la propia salud. En este sentido, existe la suficiente evidencia científica, unificada en un criterio común jurídico-sanitario, como para desarrollar una propuesta legis- lativa en la que estén reconocidos los derechos fundamentales de las perso- nas que deciden usar cannabis: relativas a su cultivo, tenencia, uso y consumo. Únicamente hace falta voluntad política para que salga adelante. Diversos grupos parlamentarios, que nos acompañaron en el Congreso, reco- nocen de manera conjunta que no existen razones objetivas que justifi- quen persistir en el enfoque punitivo y la estigmatización social. La sociedad española ha demostrado sobrada madurez para abordar el estado de la cuestión del cannabis, por ello el Con- greso concluye la necesidad de una propuesta conjunta de puntosmínimos, con encaje en el marco jurídico inter- nacional y fundada en los derechos de las personas. “Accesibilidad, inclusión, democrati- zación y transparencia”, son pilares básicos para poder proyectar progra- mas de salud pública con cannabis eficaces. Discurrir en sentido de una regulación integral pasa por situar en el centro a las personas usuarias y sus necesidades de bienestar real, persistiendo en un enfoque pedagógico para la prevención de riesgos, la reduc- ción del daño y la protección de los menores. En esta segunda entrega, se expon- drán las aportaciones de los científicos, investigadores y expertos que nos acompañaron en el primer simposio: 1) Simposio 1: Informes Cannabis y Agenda 2030; Cannabis, Ciencia y RBoehme (depositphotos) Un abordaje integral de la realidad multidimensional que engloba al cannabis ha de sostenerse sobre principios de salud pública