El Cultivador

encuentran ante el gran problema de sobrepasar el límite de 0,2 de THC. Por supuesto, no podemos tomar esto como absoluto, dado que es un caso concreto de un juzgado concreto, pero es sin duda muy importante que, en este tipo de procedimientos, siempre se solicite al juez instructor que el INT aplique el protocolo ST/NAR/40. La visión restrictiva de la Administración, un grave per- juicio para los agricultores Las consecuencias provocadas por este ataque a la producción legal de cáñamo industrial no terminan con el archivo del procedimiento. Debido a que Alfonso Carlos Arias Benítez, autónomo y emprendedor, sin ningún tipo de problema previo con las autoridades, ante el posible escenario de ser condenado por un delito de tráfico de drogas, con el agra- vante de notoria importancia debido a las cantidades trabajadas por Hemp- Mad, tomó la decisión de disolver la empresa. Esto supuso terminar con una ilusión y una idea de negocio con gran impor- tancia en el mercado actual, a pesar de haber realizado los trámites admi- nistrativos pertinentes. La decisión se basó en la frustración de que, a pesar de haberse actuado con la más estricta legalidad, colabo- rando activamente con la Guardia Civil y asegurando la trazabilidad de las plantas a través de unas semillas cer- tificadas, se inició un procedimiento penal contra él, con todo el riesgo que ello comporta. El cierre de la empresa provocó el despido del trabajador que ayudaba a Alfonso, además de consecuencias des- favorables de carácter económico al perder todo lo invertido en el proyecto, en el que había empleado mucho esfuerzo, tiempo y dinero. Todo ello provocado por una inves- tigación sustanciada y promovida por el desconocimiento de las autoridades, sustentada principalmente en la falta de regulaciones e interpretaciones coherentes. En consecuencia, esto supone que los emprendedores que deseen comen- zar su camino en el creciente mercado del cáñamo industrial, que podría dar lugar a un fenómeno de recuperación de la España vaciada, abandonen su idea, haciendo que países de nuestro entorno con interpretaciones legales más racionales al respecto aumenten el número de cultivos en sus territorios con el correspondiente beneficio eco- nómico para sus agricultores y empresas. Seguiremos trabajando para que la coherencia se imponga. 82 casos legales Ha sido una vez más un juzgado, a través de un procedimiento judicial, el que ha aportado un rayo de esperanza a los cultivadores stokkete (depositphotos)