El Cultivador

usuarias y las asociaciones cannábicas sean capaces de desafiar este discurso para defender la planta en sí misma y la libertad de acceso. Lo que se contempla entonces es la necesidad de establecer una regulación integral, donde se incluya la posibilidad para las personas usuarias de ser auto- suficientes, aceptando que es necesaria la realización de estudios farmacéuti- cos, pero sin consentir que los costes en la investigación recaigan de forma tan abusiva sobre los pacientes, como ocurre con Sativex y Epiliodex, ambos tratamientos excesivamente caros e insuficientes entre una buena parte de los usuarios medicinales, ya que están orientados a patologías muy definidas como la esclerosis múltiple o la epilepsia, y que podrían convivir perfectamente con las terapias her- bales. Tenemos claro que mientras existan diferentes patologías, diferentes clases sociales, usos y necesidades por parte de la sociedad, será necesaria una regulación integral donde se inclu- yan terapias y métodos de acceso diferentes, que no aparten del entra- mado de la regulación a las personas usuarias que llevan años padeciendo las irregularidades de las políticas pro- hibicionistas solo por buscar unamejor calidad de vida. Por supuesto, en este contexto no nos olvidamos de la necesidad de modificar y derogar las sanciones que castigan las conductas relativas al uso personal de drogas. Sin duda, estas sanciones criminalizan y estigmatizan a las per- sonas usuarias, invisibilizan los consumos y atentan contra los derechos y libertades de las personas (PNUD y International Centre on Human Rights and Drug Policy, 2019). Tal y como comentaba Fran Azorín, abogado espe- cialista del bufete Brotsanbert, en nuestra emisión especial de la Marcha Mundial de la Marihuana, “esta ley está diseñada para no poder recurrirse”. Según afirma el especialista, “cuando se aplica el pago bonificado de la sanción en el que la multa se reduce de 600 a 300 euros, el 99 % de los sancionados suelen pagar, ya que el recurso supondrá iniciar un proceso contencioso bastante costoso”. Pese a las diferentes trabas, Azorín expone que “muchos juzgados ya se han posicionado a favor de los acusados retirando la sanción afirmando que la policía no puede registrar de forma arbitraria a las personas por la calle sin haber ningún indicio de delito porque prevalecerá el derecho a la inti- midad ante la peligrosidad que supone llevar una sustancia en el bolso o bol- sillo”. Sembrar el cambio está en tus manos Dentro de estas ofensivas, el último golpe del poder judicial ha sido para las asociaciones cannábicas. El 23 de julio, el Ayuntamiento de Barcelona emitió un comunicado para establecer el proceso de aplicación de la sentencia en firme del Tribunal Superior de Jus- ticia de Cataluña que anula el Plan Especial Urbanístico para la ordenación de los clubes y asociaciones de personas usuarias de cannabis, con alrededor de 200 colectivos afectados. Una noticia que de nuevo aboca a estas entidades y a las personas usuarias de cannabis a la inseguridad jurídica, los mercados ilícitos y la criminalización, sin tener en cuenta un modelo que convive con la realidad social desde hace más de treinta años. En lugar de analizar una alternativa que surge de la sociedad civil, orientada a conseguir el bienestar de las personas, aplica de nuevo su estrategia punitiva de represión y acoso hacia un modelo de acceso pionero en Europa, reconocido y exportado a escala internacional. Tal y como expuso en su intervención de las Mesas Sembrando el Cambio, Jose Luis Rabadán, médico especialista en adicciones en la red UNAD, “el movimiento cannábico, con la creación de los clubes de cannabis, ha sido un modelo estudiado internacionalmente por sus propuestas de protección a las personas usuarias que siempre han sido modélicas”. Los CSC han desarro- llado unmodelo de autoabastecimiento basado en un código de buenas prácticas que garantiza su efectividad en torno a la reducción y prevención de daños, la defensa de los derechos de las personas usuarias y el control de la sustancia. Como parte de la sociedad civil orga- nizada, han demostrado velar por los derechos de las personas asociadas y del conjunto de la sociedad, a través de la autogestión interna, centrando su acción en la prevención de riesgos relacionados con el autoabastecimiento, atendiendo cuestiones que van desde el control de la siembra hasta el reparto, sin perder la cadena de custodia y ase- gurando la imposibilidad de que se derive a terceras personas. Además, también se han encargado de facilitar herramientas de reducción de riesgos asociados al consumo de la sustancia, a través de, por ejemplo, el acceso a la información sobre métodos de consumo menos perjudiciales. Por supuesto, como organizaciones sociales, entre sus acciones destaca el trabajo 13 activismo las asociaciones han logrado promover el diálogo con las autoridades públicas competentes para avanzar hacia unas políticas de drogas más justas y eficaces