El Cultivador

57 OECCC se enfoca en la prevención de riesgos y en la reducción del daño, un enfoque pedagógico y educativo, así como al respeto de los derechos fundamentales de las personas. Además, el modelo los clubes sociales de cannabis ha sido un referente para muchos otros países, sobre todo aquellos hispanohablantes, que han acometido algún tipo de regu- lación del cannabis menos lesiva. Por su parte, la Ley 13/2017, del 6 de julio, de las asociaciones de consumi- dores de cannabis, recoge entre sus Disposiciones Generales: a) velar para que se respeten los derechos de las personas usuarias de cannabis, garan- tizar que su ejercicio sea conforme con la legalidad y hacerlos compatibles con los derechos y las libertades de todas las personas; b) promover mecanis- mos para garantizar la seguridad pública y privada en el desarrollo de las actividades de las asociaciones de consumidores de cannabis; c) garantizar los derechos de las personas usuarias. Además, como bases legales prece- dentes para acometer su regulación, propone una exposición jurídica: Capítulo I: Disposiciones Generales: Objeto. Finalidades. Ámbito de apli- cación. Capítulo II: Constitución de las asociaciones cannábicas. Capítulo III: Condiciones de ingreso a las asociaciones cannábicas, dere- chos y deberes de las personas asociadas. Capítulo IV: Obligaciones docu- mentales de las asociaciones de consumidores de cannabis. Capítulo V: Autoabastecimiento. Capítulo VI: Limitaciones a la publi- cidad. Capítulo VII: Medidas de control higiénico, sanitario y programas de gestión de la prevención de riesgos y la reducción del daño. Capítulo VIII: Colaboración con otras administraciones. Capítulo IX: Potestades de inspec- ción y control y régimen sancionador. En otra línea, la asociación High Class se constituye en 2015, y entre sus obje- tivos se encuentra mover el paradigma actual del cannabis hacia su despena- lización, primeramente. A esta actividad le acompaña, sin embargo, en la mayo- ría de circunstancias, una sanción administrativa o penal. A pesar de ello, quienes forman parte de la junta direc- tiva de la asociación, recibieron una petición de intervención y arresto por parte de la Fiscalía, en julio del año 2017, que ascendía a seis años de pri- sión. No obstante, la resolución final de la condena fue absolutoria, dejando entrever, entre otras cuestiones, la dis- paridad dentro del sistema actual del ordenamiento jurídico español. En La ausencia de un marco regulatorio del CBD trae consigo el desconocimiento, la desinformación y el vacío legal en el que se encuentran pequeños emprendedores