El Cultivador 65

53 activismo o estilos de vida saludables, que permita a las personas usuarias un acceso seguro e informado a la sustancia, per- petuando una política de drogas obsoleta, anacrónica e ineficiente, que conlleva una importante carencia tanto en la información recibida por las per- sonas usuarias, como un acceso sin ningún tipo de garantía ni control de calidad. Es una contradicción el hecho de que las leyes que, teóricamente, se han desarrollado para proteger la salud pública sean precisamente las que impidan su protección y ataquen a estas personas, las cuales, además, sufren a menudo estigmatización por ser usuarias, subordinadas en una exponencial subida de la represión relativa al consumo, ejercida desde los cuerpos y fuerzas de seguridad y de los tribunales. La sociedad civil aporta conocimiento e independencia al proceso de toma de decisiones y formulación de políticas de drogas. De forma conjunta, la socie- dad civil y las instituciones políticas pueden generar contingencias para explorar la formulación de políticas diferentes y opciones de empodera- miento comunitario especialmente entre quienes usan y se ven involu- crados en los servicios de atención de drogas. Una participación que ayuda a los legisladores a considerar viejos problemas de nuevas formas, fortale- ciendo la participación de todos los ciudadanos en la política, en los asuntos públicos y en la construcción de res- puestas a los retos regulatorios de la sociedad del futuro. La participación de la sociedad civil supone la apertura de un canal de comunicación entre las organizaciones que trabajan en este ámbito