9 noticias internacionales Estas mismas políticas también impulsan prácticas perjudiciales como la elaboración de perfiles raciales y sostienen el esquema de discriminación sistémica y estructural que afecta a las comunidades vulnerables y marginadas, especialmente a las personas conmúltiples identidades interseccionales. En un importante estudio, publicado en 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria encontró que la «guerra contra las drogas» había resultado en el encarcelamiento masivo a través de perfiles raciales, leyes y procedimientos de búsqueda e incautación, detención preventiva excesiva, sentencias desproporcionadas y la criminalización de las personas que usan drogas, incluidas las mujeres embarazadas en algunos países. El estudio también encontró violaciones generalizadas de los derechos asociadas con la aplicación de las leyes sobre drogas, incluido el encarcelamiento ilegal, el juicio de niños y adolescentes como «adultos», la tortura y los malos tratos, la falta de garantías de juicios justos, las ejecuciones extrajudiciales y el uso abusivo de la pena de muerte. Aunque la pena demuerte sólo puede imponerse en virtud del derecho internacional para «los delitos más graves», que se interpretan sistemáticamente como actos de homicidio intencional, una amplia gama de delitos relacionados con las drogas se castiga con la muerte en más de treinta países. Todas las personas, sin excepción, tienen derecho a intervenciones de reducción de daños que salvan vidas. Sin embargo, la cobertura de los servicios de reducción de daños sigue siendo muy baja, a pesar de que son esenciales para proteger a las personas que consumen drogas y garantizar su derecho a la salud física y mental. Como ha subrayado la Posición Común del sistema de las Naciones Unidas sobre la política de drogas, el consumo de drogas y la dependencia no deben tratarse como una cuestión penal, sinomás bien como una cuestión de salud que debe abordarse mediante medidas basadas en los derechos, incluida la educación en materia de salud pública, la prestación de tratamiento, atención y apoyo en materia de higiene mental, rehabilitación y programas de transición o reintegración. Además, la amenaza de encarcelamiento no debe utilizarse como una herramienta coercitiva para incentivar a las personas a recibir tratamiento de drogas. El tratamiento farmacológico debe ser siempre voluntario, basado en el consentimiento informado, y dejado exclusivamente a los profesionales de la salud. Con este fin, deben cerrarse todos los centros de tratamiento obligatorio de drogas. La erradicación forzosa de cultivos en el contexto de las políticas de fiscalización de drogas puede provocar la pérdida de vidas debido al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. La fumigación aérea de sustancias peligrosas utilizadas para matar cultivos ilícitos puede causar graves daños al medio ambiente, las cosechas de subsistencia y el agua limpia y segura, así como la salud, la independencia económica y financiera, y el bienestar de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, especialmente las mujeres. También es motivo de preocupación la aplicación de programas de erradicación forzosa sin respetar el derecho de los grupos y las personas afectados a la información y la participación en el proceso de adopción de decisiones. El sistema de las Naciones Unidas, la comunidad internacional y los Estados Miembros individuales tienen la responsabilidad histórica de revertir la devastación provocada por décadas de una «guerra contra las drogas» mundial. Hacemos un llamamiento colectivo a los Estados Miembros y a todos los organismos de las Naciones Unidas para que fundamenten sus respuestas en materia de políticas de drogas en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Además, los Estados y los organismos internacionales que brindan asistencia financiera o técnica sobre políticas de drogas deben garantizar que estas políticas tengan en cuenta las cuestiones de género, al tiempo que defienden y buscan activamente proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Instamos a los Estados Miembros y a los organismos internacionales a que sustituyan sus actuales políticas de drogas por otras basadas en los principios de la aplicación de un enfoque de justicia integral, restaurativa y reintegrativa. Las medidas preventivas eficaces, comunitarias e inclusivas son igualmente importantes. Ahora, más que nunca, la comunidad internacional debe reemplazar el castigo con apoyo y promover políticas que respeten, protejan y cumplan los derechos de todas las comunidades.” speedfighter17 (depositphotos)
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