El Cultivador

11 activismo además de la regulación de los CSC. Esto fue anunciado por el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, y por el ministro de Agricultura, Cem Özdemir, en una rueda de prensa en la que apuntaban al modelo español como el elegido para implementarse en su territorio. Lauterbach presentaba esta política como sigue: ‘‘La política sobre cannabis anterior ha fallado. Las violaciones de la ley de estupefacientes han aumentado constantemente. Sabemos que no avanzaremos más con el endurecimiento de la ley penal". Esta frase ejemplifica la importancia de la despenalización y la ineficacia de la prohibición de las drogas en términos generales. Las declaraciones fueron en la línea de desarrollar dos políticas al mismo tiempo, una es la regulación del cannabis y otra un programa en prevención de riesgos destinado a los menores y a la población más joven mediante acciones institucionales. En esta rueda de prensa se anunció que el proyecto de ley saldrá, previsiblemente, a finales de 2023. Lo que adelantaron sobre el contenido del proyecto fue que sería una regulación en dos pilares, el primero autoriza el consumo privado, la posesión de hasta veinticinco gramos y tres plantas para el autocultivo. En cuanto a las asociaciones cannábicas, las describe como una entidad sin ánimo de lucro que se abastece de cannabis para sus propios miembros y que esta sustancia no se puede derivar a terceras personas. La propuesta gubernamental indica que las entidades se rigen por la ley de asociaciones y pueden contar con un máximo de quinientos miembros, que tendrán un límite de retirada de veinticinco gramos en un mismo día y una previsión de consumo máxima de cincuenta gramos al mes. Se prohíbe la promoción o la publicidad y la producción se realiza bajo demanda. No está permitida la desviación de la sustancia a terceras personas y prevé que la asociación pueda distribuir semillas y esquejes de su propia cosecha en un futuro. También está previsto que este primer pilar, basado en el modelo español, sea evaluado a los cuatro años del comienzo de su implementación, teniendo como objetivos “examinar posibles ajustes en lo que respecta a la protección de la salud y la juventud, así como la reducción del mercado negro’’, según las autoridades. El segundo pilar es una prueba piloto sobre un sistema comercial controlado, para el que todavía queda por desarrollar la cadena de suministro y se pretende implementar de forma regional. Las personas que participen como usuarias serán voluntarias. Esta parece que es la parte más verde del proyecto y la que más dificultades se está encontrando. En cualquier caso, en ambos pilares la protección de menores y jóvenes será una prioridad. Pero algunas cuestiones que han quedado en el aire y que siguen sin resolverse cuando se escriben estas líneas son el consumo compartido (que es un perjuicio para la reducción de riesgos, impidiendo el intercambio de ‘‘La política sobre cannabis anterior ha fallado. Las violaciones de la ley de estupefacientes han aumentado constantemente. Sabemos que no avanzaremos más con el endurecimiento de la ley penal" En cuanto a las asociaciones cannábicas, las describe como una entidad sin ánimo de lucro que se abastece de cannabis para sus propios miembros y que esta sustancia no se puede derivar a terceras personas

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