7 noticias internacionales Estas demandas podrían representar reclamaciones al Ayuntamiento de Barcelona por sumas que, si las presentaran las 180 entidades activas, podrían alcanzar aproximadamente diez millones de euros. El despacho del abogado Oriol Casals es uno de los que ya está analizando las demandas de dos asociaciones de cannabis que han sido notificadas por el ayuntamiento, tras una inspección, de la anulación de su autorización debido a las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que invalidaron la normativa municipal. Casals señala que, por ahora, el ayuntamiento no ha emitido ninguna orden de cierre oficial, solo ha enviado comunicaciones informativas, lo que él considera podría ser una práctica cuestionable o un engaño. Asegura que, en cuanto se apruebe oficialmente el cierre, presentarán sus demandas por daños y perjuicios. Casals, que fue uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular que llevó a la aprobación de la ley catalana para regular las asociaciones de cannabis en 2017, lamenta la situación actual. Esta ley, posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional, se consideró invasiva en competencias estatales por legislar sobre una sustancia incluida en el Código Penal. Casals destaca la ironía de que Alemania esté considerando adoptar un modelo similar al de Cataluña de 2017, enfocado en la salud pública y los derechos fundamentales, mientras que en España se está persiguiendo y desechando este modelo. Para él, esto representa un error estratégico y una pérdida para la sociedad y aquellos que contribuyeron a su desarrollo. Casal critica la postura actual del PSC, un partido que anteriormente apoyó la ley de asociaciones de cannabis en el Parlament catalán y que ahora, desde el gobierno municipal en Barcelona, favorece el cierre de estos clubes. Considera este cambio de dirección como conservador y retrógrado, y cuestiona la relación entre los clubes de cannabis y los problemas de seguridad en la ciudad. Según él, los verdaderos problemas surgen de la ilegalidad y los cultivos clandestinos. Las asociaciones cannábicas han identificado a Albert Batlle, teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, y exresponsable de los Mossos d'Esquadra, como el principal impulsor de la política municipal contra su actividad. Batlle, conocido por sus declaraciones en favor de prohibir los clubes sociales y una regulación estatal más estricta del uso de la marihuana, enfrenta críticas por su enfoque. Por su parte, el ayuntamiento argumenta que debe acatar las sentencias judiciales y limitar las actividades de los clubes a las de entidades privadas normales, sin promoción ni permiso para el uso de cannabis. En respuesta a la situación legal cambiante, el gobierno municipal formó un grupo de trabajo interno en 2021 para proponer cambios legislativos a nivel estatal y autonómico. Su objetivo era abordar la necesidad de espacios controlados para el consumo (no la venta) de cannabis, en línea con el Código Penal. Sin embargo, no se han reportado avances significativos en esta dirección, y el ayuntamiento no ha respondido a preguntas sobre el progreso de este grupo de trabajo. A nivel autonómico, el Parlament catalán ha mostrado apoyo a los clubes de cannabis. En febrero de 2023, aprobó una resolución instando a la Generalitat a incluir a estas asociaciones en sus planes estratégicos de adicciones y a impulsar cambios legislativos para un consumo seguro y controlado. La CatFAC ve contradictoria la postura del Ayuntamiento de Barcelona con esta dirección y critica especialmente a Albert Batlle por su enfoque en los clubes de cannabis, en lugar de abordar los verdaderos problemas de seguridad en la ciudad. La CatFAC también denuncia la actividad de algunos clubes de cannabis que se alejan del modelo asociativo original y promueven prácticas contrarias a los principios y valores defendidos por las asociaciones cannábicas. Estos clubes, según la federación, se concentran en distritos afectados por la gentrificación y el turismo masivo, contribuyendo a la transformación de Barcelona en un "parque temático", bajo la complicidad del gobierno municipal. En España, existen aproximadamente 1.500 asociaciones de cannabis, según un informe de 2022 de la confederación estatal ConFAC. Estas asociaciones, con una media de 300 a 400 socios cada una, podrían generar importantes ingresos fiscales si su actividad estuviera regulada adecuadamente. El informe estima que podrían aportar casi 219 millones de euros anuales en impuestos y tasas a diferentes administraciones públicas. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, al anular el plan municipal de Barcelona en 2020, señaló la ausencia de una regulación legal completa y detallada para los clubes de cannabis. El tribunal indicó que esta falta de regulación afecta la actividad de estas entidades, que podría estar en conflicto con el artículo 368 del Código Penal. Esta situación legal incierta deja a los clubes en una posición vulnerable, ahora llevando a las asociaciones a reclamar compensación por las inversiones realizadas bajo una normativa municipal que ya no es válida. filkusto (depositphotos)
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