15 activismo electoralista por las elecciones autonómicas en Galicia, Euskadi y Cataluña, así como las elecciones europeas de junio de 2024, las diferencias de algunos grupos parlamentarios que apoyan al gobierno de coalición y el auge de los discursos populistas, que pueden influir en la dificultad de abrir un tema controvertido como el cannábico o que, directamente, la legislatura no aguante el tiempo suficiente para aprobar una ley de estas características. El escenario se caracteriza por posiciones políticas enconadas, discursos sensacionalistas y debates que, irónicamente, resultan enredados cuando se tratan asuntos aparentemente simples y simplificados cuando se enfrentan a cuestiones de mayor complejidad. Con este panorama, ¿cómo conseguiremos dotar el debate de la neutralidad necesaria para tratar un tema como el cannabis? El tiempo dirá si esto será posible. A la situación general de represión de las cannábicas, hay que añadir la situación particular de las comunidades autónomas (muchas de ellas gobernadas por la derecha), los clubes sociales de cannabis de Barcelona asediados por el ayuntamiento, la corrupción policial que ha afectado a cientos de clubes en Canarias, la represión sufrida en la Comunidad Valenciana y un sinfín de retos territoriales, que hace que las asociaciones sientan cada vez más la necesidad de una normativa clara para las actividades que realizan en su vida diaria. Tanto personas socias como trabajadoras de estos espacios de encuentro, como el sector cannábico en general, sufren las consecuencias derivadas de la inseguridad jurídica en el sector del cannabis. Sin embargo, vemos con optimismo el nombramiento de Mónica García como ministra de Sanidad. Aparte de llevar la regulación del cannabis en el programa electoral del partido por el que fue elegida (Sumar), pertenece a un partido político que presentó y llevó al Congreso de los Diputados, para su toma en consideración, una proposición de ley para regularlo en 2021. Este hecho también situó al cannabis en primera línea mediática. Por el momento, el Ministerio de Sanidad ha abierto la carpeta del cannabis para uso medicinal que quedó parada en manos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a finales de la pasada legislatura, siguiendo la línea de abrir un debate después del otro, tal como viene expresando el PSOE desde que se abrió la carpeta del “cannabis medicinal”. En definitiva, es un contexto contradictorio para las cannábicas, aunque la configuración del Gobierno, especialmente las competencias en Sanidad, nos favorece, el clima político general puede no ser tan positivo como para propiciar la cuestión cannábica. Tendremos que ir avanzando de forma decidida y segura para promover la apertura de la agenda a fin de regular las actividades de nuestro colectivo. ¿Qué oportunidades se nos abren? Una regulación del cannabis que coloque a las personas en el centro del debate debería priorizar aspectos fundamentales como la salud pública, la equidad social y la protección de los derechos individuales. En este enfoque centrado en las personas se buscaría establecer políticas que aseguren un acceso seguro al cannabis, con énfasis en la educación y en la prevención de riesgos para la salud. Además, se buscaría abordar las disparidades históricas y sociales relacionadas con la aplicación de las leyes sobre drogas. Desde la plataforma #LeyCannabisYA, hemos incidido este último año en los grupos parlamentarios para asegurar la inclusión de las propuestas cannábicas de actores cruciales para nosotras. El programa electoral de Sumar, que busca aglutinar esfuerzos y creemos que la voluntad política para llegar a acuerdos y la transparencia en los procesos de participación son esenciales de cara a garantizar políticas justas y eficaces
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