40 OECCC industria técnico-farmacéutica, implica que la accesibilidad al cannabis se vea reducida considerablemente. Las personas que utilizan el fármaco Epidiolex para paliar sus dolencias, incrementan considerablemente el coste de su tratamiento. Con extractos de cáñamo natural cultivado, ricos en CBD, el coste del tratamiento anual oscila entre 2.000 y 4.000 euros; en cambio, el coste de tratamiento con Epidiolex es de entre 26.000 y 40.000 euros. Con ello, se incrementa el precio de los tratamientos con derivados de este como ha sucedido en Alemania o Portugal, países en los que se ha establecido un mercado oligopólico de la industria farmacéutica y que comprueban que los precios elevados impiden la desaparición total o parcial del mercado ilícito, y con ello se entorpece la adhesión al circuito regulado. Al elevado coste del tratamiento con medicamentos autorizados, tanto de THC sintético como a base de derivados del cannabis (JIFE, 2021), se añade que los mismos no han satisfecho a los pacientes en cuanto a su eficacia. Esto se debe a que, aun conteniendo moléculas como dronabinol y cannabidiol en su composición (en el caso del medicamento Sativex), la imitación sintética de los compuestos de las flores vegetales del cannabis cultivado no incluye otros cannabinoides importantes que tienen efectos moduladores y complementarios sobre los dos predominantes CBD (cannabidiol) y THC (tetrahidrocannabinol) (OECCC, 2020b), que sí se expresan, en cambio, en la flor cruda del cannabis natural y cultivado (Silva, 2022). El autocultivo de cannabis y las asociaciones Por otro lado, el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (2019), en el libro Autocultivo y uso de cannabis en España: de la clandestinidad a la propuesta de regulación, expone que tenemos constancia de los pioneros del autocultivo por las noticias de sus detenciones, las peritaciones oficiales y las sentencias judiciales. En un marco normativo restrictivo y ambiguo que se sostiene mediante herramientas del derecho penal, pues constituye un delito la comercialización: venta, transporte y distribución (artículos 368, 369, 370 y 371 del Código Penal), se funda, en 1993, la Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis (ARSEC). Seguidamente, en 1996, se constituye la Coordinadora Estatal de Asociaciones por la Normalización del Cannabis (que pasará a denominarse Federación de Asociaciones Cannábicas o FAC) y lanza, en 1997, la campaña “Contra la prohibición, me planto”, llamando al autocultivo, tanto individual como colectivo (Barriuso, 2005 y 2007). Consecuencia de ello, en toda la geografía española prolifera este canal precursor de acceso al cannabis, y la sociedad civil, desde el año 2004, lo plantea como un modelo en forma de asociaciones de consumidores de cannabis o clubes sociales de cannabis, consiguiendo una fuerte aceptación y arraigo en la actualidad. Con su actividad, las mismas quedan constituidas como agentes enfocados en la reducción de riesgos, orientado a la prevención y proveyendo de las herramientas necesarias para un acompañamiento integral de los usuarios. Además, parecen presentar posibles ventajas protectoras frente a la globalización del mercado capitalista, las burbujas especulativas internacionales que orbitan la esfera del cannabis legal y las malas prácticas en las empresas del sector. Este modelo ha sido avalado por la doctrina académica y los tribunales de justicia, y examinado y reproducido, de algún modo, en diferentes contextos internacionales. Intentos prohibicionistas Con todo, se han sucedido tentativas para su prohibición con diversas reformas de la ley de seguridad ciudadana. Con ellas se busca aumentar las multas a usuarios y a autocultivadores que tengan sus plantas expuestas al público, así como una persecución de los clubes. Sin embargo, en ambos casos hay consecuencias inesperadas que benefician a los autocultivadores. La reforma de la ley de seguridad ciudadana, al multar las plantas expuestas al público, también reafirma la legalidad de las no exhibidas, siempre que se destinen al autocultivo: “el cultivo de cannabis ya estaba descriminalizado en España, pero la nueva ley de seguridad ciudadana lo confirma de manera explícita” (Observatorio civil de drogas, 2015). Por su parte, Patricia Amiguet pone el acento en que la regulación administrativa se traduciría por consiguiente en diversas oportunidades relacionadas con: acabar con la estigmatización social, la opacidad y la invisibilidad de las personas usuarias de cannabis; la posibilidad de conocer la realidad y la dimensión del fenómeno, y aplicar políticas del cannabis eficientes y eficaces; el incremento del grado de conocimiento sobre el cannabis; la mejora de formación e información a las personas consumidoras, aplicando programas de prevención de riesgos y reducción del daño con especial atención a los segmentos de la población más Yarygin (depositphotos) Las asociaciones de consumidores de cannabis quedan constituidas como agentes enfocados en la reducción de riesgos y la prevención, y proveyendo de las herramientas necesarias para un acompañamiento integral de los usuarios
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