48 activismo La creciente normalización ha generado que un mayor número de personas se relacionen a nivel profesional con el cannabis. Esto conlleva un incremento del coste de represión para las arcas públicas y una sobrecarga de la justicia; además de un coste en historias de vida, para personas sin relación con la criminalidad, que es abrumador. Desde las organizaciones sociales reclamamos esta injusticia como una paradoja de la prohibición que daña lo que pretende proteger: a su población. Por esto, pedimos una normativa aplicable a la actividad de los CSC clara, unas normas que todas podamos seguir y que nos iguale a todas ante la ley. Por lo tanto, la urgencia en esta materia, para el Gobierno, debería ser una obligación inmediata de realizar acciones para paliar estas situaciones. En España, hemos gestado un modelo de regulación que parece ser el escogido por algunos países europeos y que desde ConFAC llevamos transmitiendo a los legisladores desde hace veinte años. Fijémonos en lo que tenemos y regulemos desde la experiencia. Posición del PSOE A pesar de una urgencia social creciente, encontramos a un partido socialista cada vez más reticente a establecer un marco regulatorio a las asociaciones cannábicas. Si miramos las posiciones del PSOE en retrospectiva, observaremos que unos años atrás, cuando estaba en la oposición, su posición no era tan rotundamente prohibicionista. explorar las razones, los desafíos ylas posibles vías para la regulación del cannabis se convierte en una necesidad imperante
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