La disparidad racial en arrestos por posesión de marihuana se mantiene

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La Policía continúa  arrestando a neoyorquinos de las minorías por consumo y tenencia de marihuana en pequeñas cantidades, pese a que desde el 1 de septiembre del 2018, el NYPD anunció que en su lugar sancionaría la infracción con una citación judicial y una multa de $100.

Una amplia coalición de organizaciones defensoras de los Derechos Civiles, reveló este martes una recopilación de alrededor de 1,200 casos de arrestos en lo que va del 2019.

Los arrestos son tipificados por la Policía en tres niveles: posesión ilegal de marihuana, 520 casos,  posesión ilegal de marihuana en 4to. grado, 155 casos y posesión ilegal de marihuana en 5to. grado, 519.

Cuando la Policía puso en vigor la referida medida buscaba reducir los arrestos de casi 10,000 personas anualmente, y además para responder a las numerosas denuncias de disparidad racial en el número de detenidos por consumir la hierba, de los cuales casi el 90% son hispanos y afroamericanos.

 Las estadísticas muestran que a pesar de los esfuerzos por reducir la vigilancia policial y el procesamiento por tenencia de pequeñas cantidades de marihuana, cientos de neoyorquinos siguen siendo atacados y sometidos innecesariamente a través del sistema de justicia penal.

Aunque los arrestos por posesión de marihuana han disminuido en más del 88% en toda la ciudad, las disparidades raciales en cuanto a quién es arrestado por posesión de la hierba en realidad han empeorado.

De hecho, casi todas las personas arrestadas por posesión pequeñas cantidades de marihuana en la ciudad de Nueva York durante los primeros tres meses de este año fueron de raza negra o latina, según datos de la División de Servicios de Justicia Criminal del Estado de Nueva York. De 476 personas arrestadas por posesión de marihuana en quinto grado en toda la ciudad, solo 20 eran blancas. Las otras 456 personas arrestadas, más del 95%, eran personas de color.

De acuerdo a la coalición, la disposición de cada caso es desconocida, pero esta tendencia continua evidenciando los defectos de la despenalización y la necesidad de promulgar el proyecto de Ley de Reglamentación e Impuestos sobre la Marihuana (S.1527A / A.1617A), recientemente reintroducida y revisada en la Legislatura estatal, conocida como MRTA.

Patrocinado por la Senadora Liz Kruger y el líder de la mayoría de la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, el MRTA, pone fin a la prohibición que ha penalizado durante décadas a las personas negras y latinos y otras comunidades de color; despeja antecedentes penales relacionados con el cannabis; aborda los efectos devastadores adicionales de la penalización por consumo o tenencia de marihuana en los campos de inmigración, derecho de familia, vivienda y empleo; e incluye un plan de equidad social y económica que prioriza las personas de las comunidades más afectadas por la penalización.

Para Anthony Posada, abogado de la Unidad de Justicia Comunitaria de Legal Aid Society, los arrestos por posesión de pequeñas cantidades de marihuana, pueden desencadenar meses y años de detención e inclusive la deportación si caen en manos de ICE, a más de cortar el acceso a beneficios públicos esenciales y provocar la pérdida de los niños que están en el sistema de cuidado de crianza.

“La despenalización no ha logrado evitar estas devastadoras consecuencias y continúa el daño causado a nuestras comunidades. Con el tiempo que resta del periodo de sesión legislativa, Albany debe promulgar la Ley de Reglamentación e Impuestos sobre la Marihuana para legalizar la hierba, eliminar las condenas del pasado e invertir en las comunidades que han soportado el peso de la prohibición”, dijo Posada.

Según Jacqueline Caruana, abogada de Brooklyn Defender Services, hasta que se legalice la marihuana, los negros e hispanos y sus familias seguirán enfrentando estas consecuencias devastadoras.

“Es imperativo que la legislatura del estado de Nueva York actúe ahora y apruebe el MRTA para legalizar el consumo de cannabis en adultos, eliminar los registros de condenas y reinvertir en las comunidades más perjudicadas por la criminalización de la marihuana”, destacó Caruana.

Entre tanto, Stan Germán, director ejecutivo de New York County Defender Services coincidió que aunque las normas sociales han evolucionado con respecto a la despenalización y el enjuiciamiento por posesión de marihuana, las minorías continúan siendo arrestados de manera desproporcionada por esta infracción menor.

 “No es ningún secreto que nuestros clientes son principalmente personas indigentes de color. Esta injusticia crea una dificultad para ellos que puede llevar a que pierdan sus empleos, su vivienda o incluso encaren la deportación. Es hora de que Nueva York deje de penalizar la pobreza”, dijo Germán.

A medida que los números de arrestos se confirman, las personas de color siguen siendo vulnerables a la persecución por posesión de pequeñas cantidades, insistió Rick Jones, director ejecutivo de NDS.

 “Esta vulnerabilidad en curso agrava décadas de daños cometidos en comunidades oprimidas en nombre de la guerra contra las drogas. Debemos legalizar la marihuana de una manera que reconozca tanto el pasado como el presente. Eso significa eliminar el historial y asegurar que las comunidades pobres cosechen los beneficios económicos de la legalización”, agregó Jones.

Para Eli Northrup, consejera legal de Criminal Defense Practice at the Bronx Defenders, la única manera de terminar con el doble estándar en la aplicación de la ley, es que los legisladores aprueben el MRTA y apliquen justicia a las comunidades negras y latinas.

“Para las familias blancas ricas, la marihuana ya es legal de facto, pero la realidad es que la prohibición continúa resultando en el arresto y enjuiciamiento de cientos de neoyorquinos de color de bajos ingresos cada mes”,  subrayó Northrup.

Circunstancias que justifican un arresto

En su momento el NYPD concluyó que fumar marihuana en público todavía será una infracción que debe ser manejada. Para ese efecto creó un grupo que hizo un análisis exhaustivo que incluyó a fiscales de distrito, defensores públicos, funcionarios electos, líderes comunitarios, organizaciones minoritarias, representantes de sindicatos, policías de organización de vecindarios y oficiales de comando, que concluyó las circunstancias específicas que podrían conducir a un arresto: Si no tiene un ID o se rehúsa a mostrarlo, tener una orden de detención vigente, estar bajo libertad bajo palabra o libertad condicional, tener un historial criminal violento y si el comportamiento es una amenaza a la seguridad pública como por ejemplo conducir bajo la influencia de la marihuana.

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