Un alcalde se aferra al cargo tras aceptar ocho años de prisión por narcotráfico

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Rafael Gil, alcalde de Torres Torres (Valencia), localidad de poco más de 600 habitantes, ha reconocido ante el juez que forma parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, así como los delitos de malversación y blanqueo de capitales. Por ello, ha aceptado una pena de casi ocho años de prisión de acuerdo con el Ministerio Fiscal, que inicialmente solicitaba 30 años de cárcel y una multa de 616.000 euros.

Contactado por eldiario.es, el alcalde valenciano ha declinado hacer declaraciones: “en este momento, no puedo”. Sin embargo, tal y como publicaba el diario Levante, Gil se niega a dimitir porque asegura estar haciendo las cosas bien al frente del Consistorio.

Por este motivo, desde el PSPV-PSOE, partido por le que senpresentó, están trabajando para promover una moción de censura que acabe con Gil fuera de la alcaldía. “Después de ser detenido y de que se le abriese juicio oral, fue suspendido de militancia”, apunta Ernesto Herrera, secretario general de los socialistas en la comarca del Camp de Morvedre, quien defiende que no se le exigió que dejara el cargo porque no había sentencia y él defendía su inocencia.

“Ahora las cosas han cambiado y la situación es insostenible”, confiesa el dirigente comarcal, quien confía en que podrá producirse un acuerdo entre las distintas fuerzas municipales en breve (el pleno está formado por tres concejales del PP, dos de Compromís, uno del PSPV y el propio Gil, que se resiste a dimitir).

Ese acuerdo para que se produzca el cambio de alcalde parece que deberá pasar por un pacto entre PSPV y PP -quienes junto al todavía alcalde ya sacaron adelante los presupuestos-, ya que las relaciones entre Compromís y los populares no son las mejores. Gil llegó a la alcaldía en 2015 después de un acuerdo entre los socialistas y los valencianistas, quienes abandonaron el equipo de gobierno municipal después de la detención del primer edil en 2016.

42 procesados

En total, se ha procesado a 42 personas, de las que 36 han reconocido los hechos -el todavía alcalde de Torres Torres es el que ha aceptado una mayor pena-.

Los hechos se remontan a 2016, cuando la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra desmantelaron una red que se dedicaba al tráfico de marihuana y armas de fuego desde España al resto de Europa. Ahí es donde entraba el papel de Gil, cuya empresa de exportación hortofrutícola se encargaba del transporte de la droga camuflada en los palets de fruta.

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