6 noticias Washington reabre el cultivo casero de cannabis: la policía dice no Washington lleva catorce años conviviendo con una contradicción que ya forma parte de su identidad cannábica: legalizó el consumo recreativo en 2012, pero sigue prohibiendo que sus ciudadanos cultiven unas pocas plantas en casa para uso personal. Esta semana, el estado ha vuelto a poner ese debate sobre la mesa legislativa, consciente de que la presión social crece y de que la excepción nacional —solo otros dos estados comparten esa paradoja— empieza a resultar difícil de sostener. El Proyecto de Ley del Senado 6204 permitiría a los adultos mayores de 21 años cultivar hasta seis plantas de cannabis en su domicilio. Si dos adultos conviven, el límite subiría a doce plantas, y en hogares con tres o más adultos se permitirían hasta quince. Una regulación precisa, medida y lejos de cualquier descontrol, que ha sido debatida en el Comité de Trabajo y Comercio del Senado con testigos a favor y en contra. No es un debate nuevo: es, de hecho, el undécimo año consecutivo en el que se presenta una iniciativa similar desde la legalización recreativa de 2012. Y la comparación con Colorado, que legalizó el mismo año y sí dio ese paso desde el inicio, sigue siendo inevitable. Para muchos defensores del proyecto, la pregunta ya no es si Washington permitirá el cultivo doméstico, sino cuándo dejará de ser el estado que legaliza el consumo pero criminaliza la planta en casa. Erik Johansen, veterano residente de Tumwater, resumió el espíritu de muchos defensores ante los senadores con una frase directa: “Soy un veterano y no veo ninguna razón para no poder cultivar algunas plantas en mi propia casa para uso personal. No hay niños allí”. Su intervención captura el argumento central de los partidarios del proyecto: responsabilidad individual, sentido común y una libertad regulada que no debería depender de la presencia o ausencia de menores en el hogar. Los opositores, principalmente asociaciones policiales y gobiernos locales, alertan de riesgos para los menores y de una carga adicional para las fuerzas de seguridad. También advierten de una posible caída de ingresos fiscales, ya que el cannabis vendido en tiendas está gravado con un impuesto especial del 37 por ciento, y ven en el cultivo doméstico una vía para que los consumidores eludan ese pago. Menos ventas, argumentan, significaría menos dinero para el estado y para los programas que se financian con esos ingresos. Pero quienes apoyan el cultivo doméstico rechazan esa lógica con un argumento práctico: cultivar cannabis no es fácil, ni barato, ni inmediato. John Kingsbury, presidente del comité de pacientes de la Cannabis Alliance, lo expresó con claridad ante el comité: “No somos su competencia. Somos sus vecinos y también sus clientes”. Y lanzó una advertencia política que resonó en la sala: convertir en delincuentes a ciudadanos
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