7 noticias comunes para proteger una fracción mínima de las ventas legales es traicionar el espíritu de la iniciativa I-502 que legalizó el cannabis en Washington. Hay además un argumento que cada vez pesa más en el debate: la desigualdad racial en la aplicación de la ley. Un informe estatal de 2022 reveló que, entre 2013 y 2019, las personas negras tenían cinco veces más probabilidades de ser arrestadas por cultivo doméstico que las personas blancas, y las hispanas más del doble. Para la senadora Rebecca Saldaña, principal impulsora del proyecto, esa realidad obliga a actuar, porque mantener la prohibición equivale a perpetuar una aplicación desigual de la ley sobre comunidades ya vulnerables. En su intervención señaló que, “incluso si el olor molesta a los vecinos, hay mecanismos para denunciarlo y resolverlo”, defendiendo que el marco regulatorio propuesto ofrece herramientas suficientes sin necesidad de criminalizar. El texto del proyecto prevé sanciones civiles, no penales, para quienes no controlen el olor o mantengan plantas visibles desde el exterior. También autoriza a la policía a incautar plantas si se superan los límites legales, siempre con orden judicial y causa probable, y deja fuera del ámbito de competencia de la Junta de Licores y Cannabis la supervisión del cultivo doméstico. El proyecto prohíbe además el cultivo en hogares que buscan acoger niños o en guarderías familiares, aunque no impone restricciones generales a los hogares con menores. Incluso en municipios donde los negocios de cannabis están prohibidos, el cultivo doméstico estaría permitido, un detalle que refuerza la idea de separar el mercado comercial de la libertad individual regulada. Las fuerzas del orden siguen escépticas. James McMahan, de la Asociación de Shériffs y Jefes de Policía, expresó su preocupación por “la normalización continua de la marihuana entre nuestros jóvenes”, un argumento que se repite cada año. La Asociación de Ciudades de Washington comparte el rechazo, alegando que la medida supondría una carga excesiva para la seguridad local y que los municipios carecen de recursos para supervisar el cumplimiento de las normas sobre cultivo. En la Cámara de Representantes, un proyecto gemelo ha quedado, por ahora, fuera de la agenda legislativa. Pero nadie da el debate por cerrado, y muchos activistas interpretan el undécimo intento como una señal de resistencia, no de derrota. John Kingsbury lo resume con convicción: “La legalización del cultivo casero en Washington es inevitable. Mi única esperanza es vivir lo suficiente para verlo”. Quizá ahí esté la clave de todo: no se discute solo sobre plantas, impuestos o competencias policiales, sino sobre el modelo de legalización que el estado quiere construir a largo plazo. Si el cannabis será un derecho regulado de los ciudadanos o un mercado dominado exclusivamente por grandes empresas, si la legalización incluyó la planta o solo el producto final, y si Washington está dispuesto a corregir una anomalía que ya lleva más de una década activa. Una vez más, tendrá que decidir qué tipo de normalidad quiere para su política cannábica.
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