El Cultivador

54 activismo podría situarse entre 100 y 300, repartidos de forma irregular por las distintas regiones y, a pesar de estos primeros y grandes pasos, tanto sociales como políticos, valorados de forma positiva por la comunidad, el Estado español se reserva ymantiene las competencias para legislar sobre sustancias fiscalizadas y, por tanto, no se termina de aclarar la zona gris jurisprudencial y los clubes continúan en una situación de vulnerabilidad. Derechos humanos frente a intereses del mercado: entre el equilibrio y la equidad En la presente década, se constatan algunos cambios significativos en torno a las políticas sobre el cannabis: Uruguay, México, muchos estados de Estados Unidos (Colorado, Oregón, Washington, Alaska, Distrito de Columbia, California, Maine, Massachusetts y Nevada) e incluso países de Europa, comoMalta o Luxemburgo, han implementado políticas alternativas en materia de cannabis. Parece que, en los últimos años, las reclamaciones del movimiento cannábico en España han sido escuchadas por determinadas administraciones y se ha abierto el debate sobre el marco regulatorio de los clubes. La apertura política (inaudita en los más de treinta años de reivindicación) es, en primera instancia, el resultado de años de lucha del movimiento cannábico. El prohibicionismo español ha sido, y todavía es, un elemento de hostigamiento que imposibilita la actividad correcta de los clubes. Multas, decomisos, detenciones y juicios han formado parte de la realidad de los clubes en los últimos años. Los clubes son entendidos por el prohibicionismo como espacios perversos, cuando en realidad realizan una tarea para debilitar el narcotráfico, mantener a los En un CSC, en cambio, las personas socias tienen derechos y capacidad de decisión sobre su consumo mucho mayores que en una relación comercial

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