El Cultivador

“Los clubes sociales de cannabis cooperativos deberán solicitar las licencias urbanísticas pertinentes a nivel municipal para ejercer su actividad. Los ayuntamientos no podrán denegar la implantación de estas actividades, salvo por cuestiones estrictamente técnicas o urbanísticas.” Respecto de este artículo, el compareciente defendió que es una medida para poder vender cannabis al lado de los colegios. Al margen de rebatir ese despropósito, es más útil explicar el porqué de la medida, que no es otro que el que no se vete la implantación de estos espacios por cuestiones ideológicas, sino por las que estrictamente sean oportunas cuando hablamos de una cuestión competencial urbanística; y, por supuesto, la ley no despoja de competencias a los municipios, como el señor Corno Caparrós dejó caer. Otra de las perlas que nos brindó Caparrós fue la relativa a intentar vender que lo que se buscaba con los clubes sociales cooperativos era producir y distribuir cada vez más, siguiendo las lógicas del mercado. Para justificar estas manifestaciones puso de ejemplo el artículo 38.1 relativo a las previsiones de consumo de las personas socias de estas entidades: “Toda persona socia, en el momento de su inscripción, establecerá una previsión de su consumo mensual de productos del cannabis, tomando el club social de cannabis cooperativo esa previsión como referencia para aumentar la cantidad de cannabis a producir en el siguiente ciclo de cultivo, siempre dentro de los límites establecidos en la presente ley.” Está claro que a lo que se refiere este artículo es precisamente a lo opuesto de lo que plantea el señor Caparrós. Como por todas es sabido, el modelo de club social de cannabis se basa en una demanda previa de productos del cannabis, que las personas socias de la entidad realizan. No se produce para ver quién quiere esos productos, sino que se produce la cantidad exacta para satisfacer la demanda real de los socios, ni más ni menos. Por lo que es lógico que, si aumenta el número de socios, estableciéndose una nueva demanda de productos del cannabis por parte de estos, el club social cooperativo deberá aumentar la cantidad de productos para hacer frente a las nuevas previsiones. No dispongo de espacio suficiente en este artículo para rebatir todas las patrañas vertidas en su extemporánea y descontextualizada comparecencia por este ultraortodoxo prohibicionista, por lo que solo voy a resaltar una última cuestión. Es algo que sin duda me dejó perplejo, pues la crítica infundada ya no se basaba en ninguna cuestión prohibicionista de fondo, sino en algo muchomás importante para este señor y, sobre todo, para quien le había dado púlpito, el Partido Popular. Esta cuestión no es otra cuestión que la protección de libre mercado. El señor Corno Caparros criticó que ni los clubes sociales cooperativos ni las empresas con licencias del mercado regulado del cannabis pudieran contratar a empresas ni a personas trabajadoras autónomas para realizar los servicios más directamente relacionados con la gestión de la actividad: cultivo, transformación, venta de los productos… Concretamente, todo esto se expone en los artículos 32.1 para los clubes sociales cooperativos y en el artículo 47.1 para las empresas. El motivo de tal medida no es otra que la de proteger el modelo, concretamente las limitaciones a las concentraciones económicos que impone la ley, como las relativas a la acumulación de licencias en el caso de las empresas, o a no sobrepasar los límites de producción en el caso de los clubes sociales cooperativos. Estas medidas no tendrían ningún tipo de eficacia si no fuera por estas limitaciones a la contratación, explico por qué. Si un club social cooperativo tiene una limitación, pero puede subcontratar a una empresa que le gestione todos los servicios, esta empresa podría prestar los servicios no solo a ese club social cooperativo, sino a otros muchos. De esta forma, se podrían desviar los fondos de esos clubes sociales cooperativos hacia la empresa, desvirtuándose el modelo y creando la perversión de que una empresa promoviera la creación de clubes sociales cooperativos para tal fin, buscando el enriquecimiento a través del modelo social; y no, esto no es una teoría, es una realidad de lo que ya está sucediendo en Uruguay con el llamado modelo (desregulado) de club social gerencial. En el caso de las empresas ocurre lo mismo. No es eficaz limitar el número de licencias por tipología, o limitar la acumulación de licencias por persona física o empresa, si saltarse esa restricción fuera tan sencillo como subcontratar de forma masiva con una empresa que prestara todos esos servicios y así saltarse esta limitación. Lo sorprendente de esta crítica, como apuntaba anteriormente, es la esquizofrenia que refleja, rompiendo la línea que llevaba la comparecencia: de “la droga es mala y destruye familias” a “no me toques el libre mercado”, y es que lo primero es lo primero para los adalides del modelo neoliberal. Señor Caparrós, cuando se está en contra de algo, hay que defenderlo con argumentos objetivos y en ningún caso intentandomanipular una cuestión tan sensible y delicada como la que esta proposición de ley precisamente pretende atacar, el consumo de cannabis en menores, ante el más que demostrado fracaso de las actuales políticas públicas al respecto. En el próximo número retomaremos el análisis de la proposición de ley para seguir desgranándola minuciosamente. Para acabar, y aprovechando este espacio que se me brinda, me gustaría dar el pésame a la familia y amigos de nuestra querida y siempre recordada Fernanda de la Figuera, “la abuela marihuana”, ante su reciente y triste fallecimiento. Todas las personas que integramos el movimiento social quedamos huérfanas. Gracias por tu convicción y tu pasión, Fernanda, continuaremos tu legado hasta disponer de una ley aprobada de regulación del cannabis. Descansa en paz. 23 actualidad legal lightsource (depositphotos) No dispongo de espacio suficiente en este artículo para rebatir todas las patrañas vertidas en su extemporánea y descontextualizada comparecencia

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