El Cultivador

OECCC 39 gobiernos del mundo (entre los cuales se incluye España, para defender la posición acordada conjuntamente a nivel europeo: un apoyo a la salida de la Lista IV). La decisión, que se basa en varios años de evaluación científica por parte de la OMS fue recibida como una noticia histórica, representando un antes y un después en el reconocimiento de la utilidad y del potencial de la planta de cannabis y de sus derivados en el ámbito terapéutico. La salida de la Lista IV entró definitivamente en vigor el 21 de abril de 2021. Al mismo momento, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE –un “órgano de tratado” cuyo mandato y trabajo se limita a operar un monitoreo de las tres convenciones internacionales de fiscalización de drogas, pero que no tiene el poder casi judicial que se le suele atribuir) puso en marcha una “iniciativa sobre la fiscalización del cannabis” con el objetivo de publicar “directrices o manual de buenas prácticas”. Preparada sin transparencia alguna, con importantes sospechas de conflictos de intereses en algunos participantes y una falta total de rendición de cuentas, la iniciativa atrajo la atención de centenares de organizaciones de la sociedad civil, temiendo un intento de anulación antidemocrática de los resultados de la votación del 2 de diciembre, así como numerosas cuestiones problemáticas (posibles conflictos de intereses, solapamiento del mandato de la OMS y de los Estados, criterios diferenciales no justificados entre los medicamentos y formulaciones de cannabis, ignorancia de los últimos avances en investigación científica y aplicaciones clínicas, menosprecio de los cientos de años de historia del uso del cannabis en medicina indígena tradicional pero también en medicina herbolaria occidental, numerosas confusiones técnicas o terminológicas, etc.). Por otro lado, así como la guerra contra las drogas resultó en el debilitamiento institucional, también una mala regulación introduce riesgos asociados al clientelismo y la corrupción. Uno de los principales obstáculos es la escasa investigación sobre sus efectos y su producción; así, en México, el uso de cannabis sigue asociándose a la criminalidad y la pobreza. Una nueva empresa estatal encargada de su comercialización, Cannsalud, sería el único intermediario autorizado entre los productores y vendedores de cannabis y sus productos derivados. Esta propuesta resulta paradójica, pues el caldo de cultivo de la corrupción es la interacción entre los sectores público y privado. En Colombia, expone Diana Valenzuela en su intervención en el II Congreso Científico Internacional Cannabis sativa L. (OECCC, Fundación ICEERS y Unidad de Política de Drogas-UAB) “Ley Cannabis Medicinal Colombia”, se han desarrollado hasta dieciocho instrumentos normativos en los últimos cincuenta años, buscando la posibilidad de tener acceso seguro e informado al cannabis de uso medicinal. A partir de mediados del siglo XX pueden encontrarse limitaciones para regular el uso medicinal en cada país e, incluso, los usos no médicos de las sustancias fiscalizadas y psicoactivas. Como consecuencia de este sistema de fiscalización, ha predominado una ideología o interpretación prohibicionista sobre esos instrumentos normativos que han recogido la obligación de garantizar el acceso médico y científico de sustancias fiscalizadas por la posibilidad de su uso indebido. Generalmente, si el país tiene a bien aceptar los usos industriales de estas sustancias, las convenciones de fiscalización internacional no serán aplicadas y quedarán las decisiones tomadas localmente en función de cada país, que pude establecer la organización, control y En el informe de su 40.ª reunión, el comité de expertos de la OMS reconoció el potencial actual y futuro del cannabis en medicina. La salida de la Lista IV entró definitivamente en vigor el 21 de abril de 2021 xhico (depositphotos) BiancoBlue (depositphotos)

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