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La ciudad de Nueva York emprende una acción legal contra siete grandes farmacéuticas y tres distribuidoras de medicamentos para que rindan cuentas por su responsabilidad en la epidemia de opiáceos que arrasa de manera indiscriminada por todo Estados Unidos. La mayor metrópoli del país busca una compensación de al menos 500 millones de dólares que utilizará para financiar su programa de choque.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que el primer objetivo de un gobernante debe ser “salvar vidas”. “En la ciudad tenemos más muertes por sobredosis que por homicidios y accidentes de tráfico combinados”, indicó, “cada día perdemos a tres o cuatro neoyorquinos por el abuso de opiáceos”. “Es una epidemia que no distingue entre ricos y pobres. Lo más grave es que no para de crecer”, explicó.

El demócrata insiste que esta crisis necesita una solución nacional, “pero no podemos quedarnos cruzados de brazos”. La demanda, explicó, pretende así atacar a la raíz la epidemia. En este sentido señaló que las farmacéuticas promocionan medicamentos muy adictivos y espera que les fuerce a cambiar de conducta. “Alimentan la adicción porque saben que es un problema que se esconde”, dijo.

Entre las siete compañías que se citan en la demanda se encuentran Teva Pharmaceuticals, Cephalon, Johnson & Johnson y Actavis junto a tres distribuidores de medicamentos. “Ponen a millones de estadounidenses bajo estas drogas y al mismo tiempo ganan miles de millones en el proceso”, insistió Bill de Blasio, “llegó el momento de que pague y de hacerles responsable”.

Zachary Carter, consejero legal de la ciudad de Nueva York, explicó que estos tratamientos son autorizados por la agencia del medicamento (FDA, en sus siglas en inglés) para un uso muy limitado y temporal. Pero añadió que las farmacéuticas los ofrecen para un consumo más prolongado. “Eso es deliberadamente engañoso”, valoró, “porque durante más tiempo lo tomas, más crece el riesgo de adicción”.

Coste económico

La crisis de los opiáceos es, antes que nada, un drama humano que como dijo Herminia Palacio, responsable de Salud, “se puede prevenir”. “Este es un paso más en la lucha contra la sobredosis”, señaló. Pero al mismo tiempo tiene un enorme coste económico. La ciudad de Nueva York lo estima en 500 millones anuales. “Es brutal”, valoró el alcalde, “por eso deben contribuir a reparar el daño”.

El alcalde acusó a las farmacéuticas de minimizar el daño de los medicamentos, como hicieron las tabaqueras, al tiempo de que establecieron una estrategia de promoción que buscaba convencer a doctores y pacientes para que los consumieran. “Y todo esto lo hacen para enriquecerse”, concluye, “ahora buscamos que nos den parte de esas ganancias para tener más recursos y salvar más vidas”.

La ciudad de Nueva York lanzó hace un año una iniciativa dotada con 38 millones de dólares para hacer frente a la epidemia en varios frentes, desde programas de prevención, pasando por la formación del personal clínico para prescribir medicamentos hasta la distribución entre policías y bomberos de tratamientos para casos de sobredosis, que se duplicaron entre 2010 y 2016.

Es la segunda acción legal que emprende Nueva York desde que Bill de Blasio tomó posesión de su segundo mandato a comienzos de año. Hace dos semanas atacó a las grandes petroleras por su responsabilidad en el cambio climático. Estas demandas, explicó, buscan un cambio en la conducta por parte de las corporaciones para mejorar la vida de los ciudadanos, como sucedió con la acción contra las tabaqueras.

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La legalización del cannabis en California promete traer cambios económicos y sociales a una industria que se ha vuelto cada vez más corporativa

Hermandad de mujeres dedicadas al cultivo de marihuana en California.

Lynette Shaw posee y opera el único dispensario de marihuana medicinal con licencia en el condado de Marin, California, hogar de la prisión de San Quintín y del rancho Skywalker de George Lucas. También es la cara más reconocible de la marihuana en Marin. En las últimas dos décadas, dispensarios como el suyo han servido como avanzadilla de la economía de mercado gris de la hierba.

El dispensario de Shaw, Marin Alliance, está convenientemente cerca de la 101, una autopista de ocho carriles que atraviesa el condado y ofrece la manera más fácil para que los traficantes muevan toneladas de marihuana hacia el sur y dinero en efectivo hacia el norte. La marihuana proviene del «Triángulo Esmeralda», una de las principales regiones productoras de marihuana en el mundo, anteriormente conocida como el «Imperio Secuoya» por los gigantescos árboles que fueron talados, aserrados y luego enviados al puerto de San Francisco. La marihuana es el cultivo comercial número uno en California, con un valor estimado de 10.000 a 12.000 millones de dólares y que aumenta cada mes. Es mayor que la lechuga, las almendras y las uvas.

La marihuana es el cultivo comercial número uno en California, con un valor estimado de 10.000 a 12.000 millones de dólares y que aumenta cada mes. Es mayor que la lechuga, las almendras y las uvas

A partir de enero, la industria ha dado un gran paso para salir de las sombras. En 2016, los votantes de California aprobaron una medida, la Proposición 64, que permite el uso recreativo de la marihuana por parte de los adultos. La medida, que convierte a California en el séptimo estado en legalizar la hierba, promete traer cambios económicos y sociales sin precedentes a una industria que se ha vuelto cada vez más corporativa, con operaciones a gran escala dominando el mercado.

Significa que, a partir de 2018, fumar un porro o comer un brownie de hierba será casi tan legal como beber una cerveza, si tienes 21 años o más. Pero «casi» es una palabra clave. La Proposición 64 no deroga la prohibición contra la marihuana. Los ciudadanos que cultivan, transportan y venden marihuana sin licencias estatales y permisos del condado estarán sujetos a fuertes sanciones civiles y confiscación de bienes. Los adolescentes no son los únicos a los que no les gusta el nuevo régimen.

La legalización trae regulación. De hecho, ningún cultivo en California, o en la nación, será monitoreado y controlado más intensamente que la marihuana de California, en parte porque no ha sido regulada en el pasado y porque los legisladores quieren compensar las lagunas previas. Además, aún existe un temor subyacente a la marihuana, que tal vez es más pronunciado entre los políticos que sienten que tienen que proteger, con la legislación, al público, especialmente a los jóvenes y a los ancianos, contra lo que perciben como una sustancia peligrosa: la droga «de iniciación» que, insisten, conduce inevitablemente a la metanfetamina y la heroína.

Al igual que Colorado, Washington y Oregón, que han legalizado la marihuana, California quiere obtener la mayor cantidad de dinero de los productores, dueños de dispensarios y comerciantes a través de impuestos

En las últimas dos décadas, la industria a la que pertenece Shaw ha surgido lentamente de la clandestinidad, en parte porque los productores están cansados de su estatus ilegal, sin entender completamente lo que significaría la legalización. Aún así, el principal impulso para la regulación y la fiscalidad proviene del propio Estado de California, así como de algunos consumidores de marihuana y sus cargos electos, que han contemplado la marihuana con una mezcla de temor y anhelo. Al igual que Colorado, Washington y Oregón, que han legalizado la marihuana, California quiere obtener la mayor cantidad de dinero posible de los productores, dueños de dispensarios y comerciantes a través de impuestos y tarifas.

El nuevo mundo feliz de la marihuana legal podría no funcionar. A los proscritos que han mantenido el negocio de la hierba hasta ahora no les gusta o no quieren seguir las reglas. Y los legisladores no saben mucho sobre la marihuana, que no se cultiva o procesa como las uvas y las nueces y no se comporta como un vaso de Pinot Noir o Chardonnay: la marihuana se cultiva todo el año, tanto en interior como al aire libre, y a diferencia de las uvas no puede ser cultivada en secano; debe tener agua y luz, ya sea del sol o de una fuente artificial, lo que significa que las facturas de electricidad pueden ser astronómicas y los daños ambientales significativos también.

Durante décadas, los legisladores de Sacramento no han pensado en la marihuana como un negocio, sino más bien como una actividad criminal. Los cultivadores, por su parte, con demasiada frecuencia lo han visto como una especie de mágica industria artesanal que existe fuera del mundo de los negocios y la economía, dejando a un lado el hecho de que su empresa exige préstamos, mano de obra, mercados, consumidores, producción en masa, relaciones públicas , publicidad, y a veces una pistola, un rifle o un arma automática para cerrar un trato.

El «governator» Arnold Schwarzenegger ayudó en el proceso de despenalización y legalización de la hierba. Antes de dejar el cargo en 2010, aprobó una legislación que rebajaba la posesión de hasta una onza, de delito menor a infracción, que se castiga con una multa de $100. De un plumazo, minó parte del ímpetu para la plena legalización liderada por la Organización Nacional para la Normalización de la Marihuana (NORML, por sus siglas en inglés). Luego, bajo el gobierno de Jerry Brown, California creó el modelo del dispensario de marihuana medicinal como una organización sin fines de lucro operada por «colectivos». Las personas que fueron arrestadas podrían usar una defensa médica y evitar la prisión. Con la Proposición 64 y el uso de marihuana por parte de los adultos, la defensa médica ya no estará disponible para los acusados. Es una gran pérdida, dicen los abogados de defensa criminal.

Desde el Área de la Bahía, la marihuana se exportaba clandestinamente a Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Atlanta y Nueva Orleans, donde se vendía por lo menos al doble del precio de California

Bajo el viejo sistema, se suponía que los «cuidadores» debían trabajar como buenos samaritanos para pacientes enfermos. Muchos productores y «proveedores» jugaron con el sistema. Crearon pacientes ficticios y recomendaciones falsas y utilizaron ambos como tapaderas para cultivar cosechas comerciales a gran escala. Miembros de los colectivos se convirtieron en empleados asalariados y sus jefes se hicieron ricos. Desde el Área de la Bahía, la marihuana se exportaba clandestinamente a Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Atlanta y Nueva Orleans, donde se vendía por lo menos al doble del precio de California. La marihuana del Valle Central que se cultiva en enormes invernaderos ahora le hace gran competencia a la variedad del Triángulo Esmeralda.

En 2016, el Gobernador Brown nombró a Lori Ajax como jefa o «zar» de la Oficina de Control del Cannabis de California (BCC, por sus siglas en inglés). Ella y su agencia han sido acusadas de domar una industria fuera de control y de eliminar a los «chicos malos». No es de extrañar que los cultivadores y comerciantes que nunca pagaron impuestos o se adhirieron a las directrices establecidas por el estado se estén resistiendo a los planes para regular e imponer impuestos a su industria. Amenazan con volver a la economía sumergida.

Los políticos del Estado ya están exagerando los ingresos que se acumularán en Sacramento. Esperan que los dólares de la hierba rescaten agencias y programas sin fondos. El senador estatal Mike McGuire, que representa tanto al Condado de Marin como al Triángulo Esmeralda, suena como un exuberante líder para la hierba. «La Costa Norte ya tiene el mejor cannabis del planeta», se jacta. También suena como un legislador cauteloso. En un simposio reciente «Vino y Hierba”, McGuire le dijo a una multitud de bodegueros y agricultores de marihuana que llevaría años sacar a la luz y normalizar la ilegal y clandestina industria de maría.

Puede llevar más tiempo cambiar el pensamiento y el comportamiento de la policía. Después de todo, los policías en California han estado arrestando a personas por fumar desde al menos el Verano del Amor en 1967

Puede llevar más tiempo cambiar el pensamiento y el comportamiento de la policía. Después de todo, los policías en California han estado arrestando a personas por violar las leyes sobre la marihuana desde al menos el Verano del Amor en 1967. Se han visto a sí mismos como héroes que han luchado contra el «mal» y han construido un baluarte como el crimen y los criminales. Sin embargo, las actitudes están cambiando incluso en los departamentos de policía a medida que los oficiales más jóvenes reemplazan a los más viejos.

Los policías todavía tendrán mucho que hacer: arrestar a cualquier persona menor de 21 años que fume marihuana o confiscar la carga en un camión conducido por un distribuidor que no tenga una licencia emitida por el estado o transporte más de lo que la licencia le permite. La California Highway Patrol (CHP), la fuerza de policía de facto en todo el estado, quiere que se le asigne la tarea de hacer cumplir las nuevas leyes y también poder hacer controles a los conductores para determinar si están operando un vehículo bajo la influencia de las drogas.

Si quieres meterte en la industria, es probable que sea demasiado tarde, a menos que tengas cinco millones de dólares que puedas soltar para comprar propiedades inmobiliarias en California, que ya están sobrevaloradas. Los trabajadores agrícolas mexicanos que una vez cosecharon tomates por diez dólares la hora, ahora ganan 25 dólares la hora en los campos de marihuana porque es una mano de obra más altamente calificada, que requiere técnicas sofisticadas y por los riesgos de una redada policial. A partir de enero de 2018, los viejos riesgos disminuirán, mientras que los nuevos tomarán su lugar.

Los cultivadores de marihuana que no sigan las nuevas reglas relacionadas con el suelo, el agua, los registros financieros, los salarios y la seguridad estarán sujetos a sanciones. No cumplirán penas de prisión, pero podrían perder sus propiedades y acabar en la miseria. Los trabajadores agrícolas indocumentados serán arrestados y sujetos a deportación sin importar dónde trabajen en la agricultura, y los trabajadores estacionales que vienen de Argentina, Suecia y Francia a trabajar la cosecha serán arrestados si no tienen visas o si llevan grandes cantidades de efectivo.

Si quieres meterte en la industria, es probable que sea demasiado tarde, a menos que tengas cinco millones de dólares que puedas soltar para comprar propiedades inmobiliarias en California, que ya están sobrevaloradas

Comenzando en la década de 1960 y luego durante las siguientes décadas, Lynette Shaw fue sólo una de los millones de californianos que quedaron atrapados en la cultura y los negocios de fumar y vender hierba. Pero ella lo hizo el trabajo de su vida y su misión. El cannabis proporcionó una forma para que Shaw mantuviera su identidad contracultural al mismo tiempo que hacía conexiones con estrellas de cine. «Yo era la chica de la marihuana de Hollywood», alardeó en una ocasión. En 1982, Shaw fue brevemente sospechosa de la muerte del comediante John Belushi, que se había inyectado cocaína y heroína. (Una investigación policial determinó que ella no había desempeñado ningún papel en el incidente).

En 1996, ella y Dennis Peron, un veterano de Vietnam y activista de los derechos de los homosexuales, se encontraban entre los principales defensores de la Proposición 215, la Ley de Uso Compasivo, que marcó el comienzo de la era de la marihuana medicinal. Fueron puerta por puerta, reuniendo miles de firmas, muchas de progresistas del Partido Demócrata y ultraliberales. Dos alcaldes de Fairfax y el fiscal del condado de Marin los apoyaron. En poco tiempo, Marin Alliance tenía más miembros de marihuana medicinal (9,000) que ciudadanos en la ciudad de Fairfax.

Pero durante la administración de Obama, Shaw fue cada vez más un objetivo del Departamento de Justicia. Durante un tiempo, distribuyó marihuana gratis a pacientes con cáncer en el Hospital Marin General. Algunos médicos consideraron que sus acciones estaban poniendo en peligro los fondos federales para el programa de Medicare. Una propuesta de médicos a favor de ofrecer la marihuana medicinal a los pacientes del hospital no llegó a ninguna parte.

En 2011, después de una larga batalla, el gobierno federal finalmente forzó a Shaw a cerrar su tienda, aunque continuó su investigación sobre el impago de impuestos de su negocio. Tuvo que declararse en bancarrota y contrató a dos abogados. Más tarde, en 2014, una ley bipartidista del Congreso, la Enmienda Rohrabacher – Farr, llegó a su rescate. Prohíbe que el Departamento de Justicia interfiera con la implementación de las leyes estatales de marihuana medicinal. Shaw aún no había vuelto al negocio, pero el camino parecía despejado para hacerlo.

Sorprendentemente, la elección de Donald Trump ayudó a hacerlo posible. La nueva administración tenía objetivos más grandes en su punto de mira, como refugiados e inmigrantes indocumentados, aunque el fiscal general Jeff Sessions todavía insiste en que los estados no pueden anular la prohibición federal sobre las ventas de marihuana. «Quiero dar las gracias a Donald Trump», dice Shaw jocosamente. «Después de mudarse a la Casa Blanca, despidió a un grupo de abogados que estaban trabajando en mi caso. Despejaron sus escritorios y se fueron de Washington, D.C.”

El impulso de los propietarios de dispensarios, los distribuidores de marihuana y los productores de marihuana de pasar desapercibidos ha dificultado su organización en una unión o una cámara de comercio de marihuana 

En la primavera de 2017, con la ayuda de amigos e inversores, Shaw reabrió Marin Alliance. Los clientes leales regresaron para la gran apertura. Docenas de clientes —jóvenes y viejos, blancos y negros, hombres y mujeres, enfermos, débiles y algunos aparentemente saludables— compraron onzas de marihuana con nombres como «Zombie» y «Blue Dream». Un hombre llamado Dan se describió a sí mismo como un ex contrabandista de marihuana, que había cumplido condena en prisión. «Este lugar ha sido bueno para la comunidad», dijo. «Lo que está sucediendo aquí es sólo el comienzo de algo más grande y tal vez incluso mejor».

Al igual que sus clientes, Shaw estaba comprensiblemente extasiada, aunque parecía ser más precavida y más cautelosa de lo que había sido antes, para no perder su dispensario una vez más. De hecho, su futuro podría no ser tan brillante como a ella le gustaría. Los funcionarios podrían rescindir su permiso. La progresista y acomodada Marin generalmente vota por medidas sobre la marihuana cuando está en las urnas. Pero cuando los empresarios de la marihuana tratan de abrir dispensarios, los enemigos de la marihuana asisten a las reuniones de la Junta de Supervisores y expresan su oposición. «No en mi patio trasero» es un sentimiento tan popular en Marin como lo es en muchas otras comunidades acomodadas. Shaw tiene el único permiso para un dispensario, no porque las autoridades quieran que tenga un monopolio, sino porque argumentan que la marihuana tiende a atraer «elementos indeseables». En su opinión, una es suficiente.

El impulso de los propietarios de dispensarios, los distribuidores de marihuana y los productores de marihuana de pasar desapercibidos ha dificultado su organización en una unión o una cámara de comercio de marihuana. Como Alexander Carpenter, un activista del cannabis y botánico, sabe muy bien, la gente de la marihuana es «apolítica, atomizada y en gran medida asustada».

Los granjeros jóvenes y en su mayoría blancos que cultivan otras cosechas han formado recientemente El Gremio de Agricultores, que tiene sucursales en todo el norte de California. Pero el Gremio es cauteloso con la marihuana y no se ha pronunciado a favor o en contra de la legalización. A diferencia de los miembros del Gremio, los cultivadores de cannabis rara vez abandonan sus hogares y sus tierras, a menos que sea para entregar hierba, asistir a fiestas de cosecha sólo por invitación o viajar a las islas tropicales después de que los cultivos se hayan vendido. Sin embargo, dos nuevas organizaciones, la Asociación de Productores de California y la Alianza de Productores del Condado de Sonoma, han tomado forma recientemente y han atraído a unos pocos cientos de miembros, un número pequeño en una industria con cientos de miles de agricultores, trabajadores agrícolas y empleados estacionales. A medida que las fábricas en el campo reemplazan a la industria artesanal, la fuerza de trabajo de la marihuana puede llegar a parecerse a la fuerza de trabajo en la agroindustria. Quizás entonces un sindicato fuerte sea posible.

Mientras tanto, después de medio siglo, la guerra contra la marihuana, como parte de la gran guerra contra las drogas, ha dejado cicatrices en la sociedad de California. Puso a los vecinos en contra, alentó el uso de informantes policiales y soplones, y creó un gran cuerpo de ex delincuentes que han cumplido condena en prisión por posesión de pequeñas cantidades de hierba. Según la ACLU, 8,2 millones de estadounidenses fueron arrestados por delitos de marihuana entre 2001 y 2010. Además, a pesar de las tasas de uso aproximadamente iguales, los afroamericanos tienen casi cuatro veces más probabilidades que los blancos de ser arrestados por marihuana. Como escribió Michelle Alexander en su best-seller, las leyes sobre la marihuana se han convertido en una parte esencial del «nuevo Jim Crow». Y la legalización no parece revertir esto. Es probable que los afroamericanos de bajos ingresos más atacados por la guerra contra las drogas sean excluidos de la industria de la hierba, a menos que las ciudades y condados sigan el ejemplo del «programa de permisos de equidad» de Oakland y tomen medidas proactivas para reducir las disparidades raciales.

A medida que las fábricas en el campo reemplazan a la industria artesanal, la fuerza de trabajo de la marihuana puede llegar a parecerse a la fuerza de trabajo en la agroindustria. Quizás entonces un sindicato fuerte sea posible

A partir de 2018, las agencias estatales y del condado responsables de la supervisión de alimentos y agricultura, pesca y vida silvestre, gestión de permisos y similares, en lugar de los departamentos de policía, serán en gran parte responsables de hacer cumplir la nueva ley de California. Los productores de marihuana que no pagan impuestos, no tienen permisos y no cumplen con las normas estatales y locales sobre el cultivo, serán llevados ante los tribunales y correrán el riesgo de perder sus propiedades y pagar multas. Declarar bancarrota no los ayudará. Los analistas de la industria y los cultivadores ven a largo plazo las nuevas reglas como un nuevo tipo de prohibición, con una burocracia estatal a cargo y la ilusión de protección para los consumidores y el medio ambiente. Gran parte de la marihuana que llega al mercado tiene pesticidas, herbicidas y moho dañinos, dicen los analistas. El tamaño de California hará que la aplicación sea un desafío. El Triángulo de Esmeralda cubre más terreno que varios estados, y aunque Google Maps proporciona a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley información precisa sobre la ubicación exacta de los productores de marihuana, llevar hasta allí los hombres y el equipo es otra historia. A pesar de las promesas (y las amenazas) de los políticos, como el senador del Estado Mike McGuire, parece poco probable que la economía clandestina se acabe pronto.

En el nuevo mundo feliz de la marihuana legal, los comerciantes del mercado negro aún no pagarán impuestos. Eso significará que sus costos serán más bajos y, presumiblemente, sus ganancias más altas que las de los que tienen que pagar por los permisos y adecuar sus operaciones con las reglas. Como una vieja cultivadora, que también es propietaria de una tienda de alimentos, dijo: «He estado arriesgándome a un arresto durante veinticinco años y aún no me han arrestado. Planeo seguir arriesgándome a un arresto». Agregó: «No pueden arrestarnos a todos y llevarnos a todos a la cárcel. Eso obstruiría todo el sistema de justicia penal y luego estaríamos nuevamente donde estábamos bajo la prohibición al viejo estilo».

En el nuevo mundo del cannabis legal y regulado, Lynette Shaw seguirá pareciendo una reliquia de un pasado lejano. Ella continúa creyendo que la marihuana no es sólo una mercancía sino una sustancia sagrada. Hace años, fue ordenada como «reverenda» en la «Religión de Jesucristo» que se adhiere a la creencia de que la marihuana es «la planta de Dios» y que fue «colocada en la tierra para ayudar a toda la humanidad».

El Triángulo de Esmeralda cubre más terreno que varios estados, y aunque Google Maps proporciona a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley información precisa sobre la ubicación exacta de los productores de marihuana, llevar hasta allí los hombres y el equipo es otra historia

En todo el Estado Dorado, muchos californianos prefieren fumar antes que hacer casi cualquier otra cosa. Cada vez más, prefieren ir a una tienda y comprar marihuana antes que cultivarla en un jardín o patio trasero. Los hippies originales, que invadieron el norte de California y cultivaron una cosecha comercial, probablemente estarían decepcionados. El cliente de cannabis urbano ha triunfado en gran medida sobre el productor de cannabis, aunque bajo las nuevas leyes, las personas podrán tener seis plantas siempre que el cultivo sea para su propio uso personal y no para la venta en el mercado. Por supuesto, también pueden regalar sin incurrir en sanciones.

A California ha llevado décadas en meterse en el lío del cannabis y sus residentes tardarán años en limpiarlo. Casi todos los agricultores y empresarios de la industria actual se encuentran en un estado de gran ansiedad, a medida que avanzan hacia el futuro, realizan inversiones en terrenos, invernaderos e infraestructura, y se preparan para abrir tiendas que venderán onzas y gramos a consumidores a los que les gusta colocarse. Mientras tanto, los abogados que una vez se especializaron en leyes de defensa criminal y que se están convirtiendo rápidamente en expertos en derecho comercial, se preparan para acudir a los tribunales para defender a toda una nueva cosecha de clientes del cannabis.

Fuente: Dissent Magazine

En 2016 y por segundo año consecutivo, la esperanza de vida en Estados Unidos cayó, reduciéndose a 78,6 años, aproximadamente diez semanas menos que en 2014. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud estadounidense, a pesar de que las personas mayores viven más tiempo, las muertes entre los jóvenes han aumentado.

Por Sandra Melgarejo

El país norteamericano atraviesa una crisis que ya ha sido declarada como emergencia nacional por Donald Trump: la tasa de muertes por opioides sintéticos, como el fentanilo, ha ascendido al 6,2 por 100.000 en 2016, mientras que en 2013 era de una muerte por cada 100.000 personas. En concreto, unos 63.600 estadounidenses murieron por sobredosis en 2016.

Al mismo tiempo, en España, los decomisos de heroína han aumentado en los últimos años y se han detectado puntos de venta en el centro de ciudades como Madrid y Barcelona. Todo lo anterior ha hecho saltar las alarmas: ¿Está repuntando el consumo de estas sustancias en nuestro país? ¿Volverá la situación vivida en los años 80?

“Las estadísticas dicen que no”, sostiene rotundamente Francisco de Asís Babín, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. “Nos fiamos de los datos y de la investigación científica antes que de una amenaza silenciosa”.

LA SITUACIÓN DE EEUU NO ES EXTRAPOLABLE A ESPAÑA

“La crisis de Estados Unidos tiene sus peculiaridades debido a su sistema sanitario. Es un problema serio que no saben bien cómo atacar”, comenta Néstor Szerman, presidente fundador de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD). “Hay dos circunstancias clarísimas que diferencian el consumo de opioides en España y en Estados Unidos. La primera tiene que ver con el acceso de los pacientes con adicciones al sistema sanitario. En nuestro país, aprendida la lección que produjo la heroína hace 30 años, estamos en condiciones de absorber la demanda sin ningún problema, pero allí no es así”, detalla Babín.

“El otro factor diferencial es que, en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), el médico no necesita fidelizar al paciente. En Estados Unidos, donde el sistema es eminentemente de aseguramiento privado, el médico fideliza al paciente, entre otras cuestiones, satisfaciendo sus expectativas. Es decir, es mucho más probable que un médico estadounidense consienta recetar algo al paciente que, desde el punto de vista de las buenas prácticas, no sería lo más indicado, a que lo haga un médico del SNS”, añade.

Además, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas relata que “en Estados Unidos, durante años, ha habido un manejo excesivamente laxo de los medicamentos opioides y, en el momento en que la Administración se ha empezado a preocupar y a restringir el uso, muchas personas ya habían desarrollado una adicción y, evidentemente, buscan equivalentes en el mercado negro, ya sea a través de medicamentos desviados a ese mercado o a través de nuevas moléculas sintéticas”. Sin embargo, el sistema de alerta temprana para la detección de nuevas sustancias piscoactivas, que funciona en España desde 2012, “pone en evidencia que los decomisos de fentanilo sintético en nuestro país son muy bajos y absolutamente excepcionales”.

NO SE CONSUME POR PLACER

Según datos de Estados Unidos revelados por Szerman, uno de cada cinco pacientes que tiene un trastorno mental también consume algún opiáceo legal o ilegal. El psiquiatra explica que “son personas más sensibles al dolor físico y emocional, y que consiguen un efecto analgésico con estas sustancias mayor al de los pacientes que no tienen esta dualidad. Además notan una mejoría del humor y de la ansiedad, de la que a veces no son conscientes, pero que les involucra en un consumo compulsivo, lo que se conoce como un cuadro de adicción. Es decir, no consumen por placer, sino porque obtienen una mejoría en su sufrimiento físico y emocional”.

En España, no hay datos de un sobreconsumo de opioides legales. De hecho, Szerman anuncia que la SEPD está planteando elaborar un estudio epidemiológico al respecto. Por su parte, Joan Ramón Villalbí, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), señala que “lo que ha pasado en Estados Unidos con los opiáceos prescritos no tiene ninguna equivalencia aquí y ya se están adoptando políticas para que no se reproduzca, mediante medidas como el seguimiento de la prescripción y los incentivos a los profesionales”.

En definitiva, “el escenario de aquí no se parece absolutamente en nada al de allí y es poco previsible que en España se pueda dar una circunstancia como la de Estados Unidos”, afirma Babín. Pero lo hace sin triunfalismo: “La guardia está muy alta y hay muchos indicadores que nos obligan a estar muy alerta de la evolución que este problema pueda tomar en los próximos años”.

LOS DECOMISOS NO SON UN INDICADOR DE CONSUMO

“Lo que no es un indicador de alarma son las cantidades de droga decomisadas, aunque normalmente tienda a interpretarse como una señal de consumo”, subraya el delegado del Gobierno. “La prensa asocia constantemente una cosa con la otra, pero es una relación espuria. España forma parte del entramado geoestratégico de las rutas de distribución de las drogas. Es decir, a nuestro país llega mucha droga que no es para consumo preferente aquí. En general, el destino de muchas de las partidas que se decomisan no es España. Así que asociar evolución del consumo con evolución de los decomisos es bastante desacertado”, matiza.

Lo que sí son señales de alerta, según Babín, son los indicadores de atención en Urgencias por reacción aguda a drogas, de mortalidad, de demanda asistencial por consumo de opioides, las encuestas poblacionales de consumo, los atestados de la policía por narcomenudeo… “No se ha detectado ningún incremento en nada de lo anterior, ningún indicador muestra que haya habido un repunte del consumo de heroína”, asegura.

Lo que sí se ha detectado es un traslado de las zonas de menudeo en las grandes ciudades. “Hasta hace poco, esa venta se realizaba en barrios de la periferia, pero ahora se ha movido a zonas más céntricas, como El Raval en Barcelona y Vallecas en Madrid”, indica Babín. No obstante, comenta que, aunque la aproximación del narcomenudeo al centro de las ciudades cause una percepción a la población de que algo pasa, “simplemente sucede que quienes se aprovechan de los consumidores se van a donde creen que pueden establecer mejor el negocio”. El delegado del Gobierno recalca que, a pesar de estos movimientos, “no hay indicadores que corroboren que el consumo está aumentando”.

“No tenemos indicios de un repunte importante del uso de heroína ni tampoco del uso de drogas inyectadas en España”, añade Villalbí. “Nuestra población de usuarios tiene dos componentes. Por un lado, son supervivientes de la epidemia de heroína de los años 80. Por otro, son personas que han empezado el consumo y la adicción más tarde y son más jóvenes. Pero lo que hemos visto en los últimos años es que la edad media de este segundo grupo se va incrementando y, por lo tanto, no vemos indicios de una epidemia de nuevos usuarios”, señala el presidente de Sespas. “Debemos estar alerta, pero no tenemos, ni de lejos, la situación de emergencia que se está viviendo en Estados Unidos”, concluye Szerman.

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