El Concello de Vilagarcía ordena el precinto del club de cannabis

La asociación, con un centenar de socios de entre 21 y 60 años, no ha presentado la documentación necesaria para seguir en activo. El local no podrá abrir sus puertas de nuevo mientras no se tramite una autorización

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En Vilagarcía funciona desde hace tiempo un club social de cannabis. Su existencia saltó a la luz pública en agosto, cuando varios vecinos denunciaron que el humo y el olor se filtraban desde el bajo en el que funciona su local al portal que habitan, ubicado en el centro de la ciudad. Ya entonces quedó claro que la asociación estaba amparada por la ley. Así lo subrayaron tanto la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Ana María Ortiz, como el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Manuel Bouzas, tras la celebración de una junta local de seguridad. Pero que algo sea legal no quiere decir que sus responsables no deban regularizarlo. Y esta es, precisamente, la razón de la medida que el Concello confirmó ayer: el precinto de su sede. No porque el club sea ilegal, sino porque sus representantes no han presentado la documentación necesaria para obtener la preceptiva autorización municipal que cualquier establecimiento, público o no, requiere.

Explican fuentes municipales que tuvieron conocimiento de la existencia del club a comienzos del año pasado. Una primera inspección de la Policía Local condujo a la elaboración de un informe en el que se constata que su actividad está permitida por la disposición adicional novena de la Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo. Claro que este amparo legal exige una serie de condiciones. Entre ellas, que la asociación esté debidamente registrada, que carezca de ánimo de lucro, que de ningún modo admita a menores o que disponga de los mecanismos necesarios para garantizar la correcta eliminación del humo.

Por otra parte, cualquier local de Vilagarcía en el que se desarrolle una actividad social, sea privada o abierta al público, necesita un permiso municipal. Sus promotores deben presentar una comunicación previa de actividad y la documentación que acredite su estatus legal. En este caso, de acuerdo con la ley de tabaquismo. Sucede que el club nunca lo hizo. El primer requerimiento, relata Ravella, data de febrero del año pasado. En agosto, los servicios municipales advierten a la asociación de que el local será precintado en caso de que no tramite la autorización. El aviso se reitera en octubre y en diciembre. Por fin, la Policía Local se personó en su sede el viernes, pero la encontró cerrada. A lo largo de este proceso, el portavoz de la entidad y un abogado se han puesto en contacto con el Ayuntamiento. Sin embargo, en ningún momento entregaron la documentación por escrito. Sin ella, no hay nada que hacer.

El local no podrá abrir sus puertas de nuevo mientras no se tramite una autorización

Un centenar de socios con edades entre 21 y 60 años

El club de cannabis de Vilagarcía tiene limitado su número de socios a un centenar de personas. Todas ellas superan los 21 años y, pese a que la utilización del cannabis suele asociarse a edades más tempranas, no faltan miembros que peinen canas y ronden los 60 años. El Concello calculaba que la policía precintaría su sede entre la tarde de ayer y la jornada de hoy. La única forma de que reabra sus puertas pasa por que presente la documentación precisa.

Problemas de índole burocrática y sanitaria para una entidad a la que ampara la ley

El club social del cannabis está constituido como una asociación cultural y correctamente registrado. Sus estatutos garantizan el cumplimiento de las condiciones que establece la Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo. Las normas son, incluso, más estrictas, puesto que ninguno de sus miembros es menor de 21 años. En ningún caso pueden disponer de una cantidad mayor que tres gramos de marihuana por persona y día. El local no está abierto al público y no publicita su actividad de ninguna forma. Tampoco se vende nada. «Dispensamos lo que se cultiva expresamente para los socios», explicaba su presidente en agosto, cuando surgió la polémica sobre la filtración de olores.

Porque este es, junto a la necesidad de regular administrativamente la actividad que acoge su sede, el principal problema al que se ha enfrentado el club desde su nacimiento: las protestas de los vecinos acerca de las molestias derivadas del humo que, aseguran, se cuela en sus viviendas. «No nos preocupa que cultiven marihuana, porque no causan líos ni desórdenes, el problema son los olores y el humo, que suben por el portal y llegan incluso al sexto piso», indicaba entonces una de las afectadas.

La propia subdelegada del Gobierno reconocía que este tipo de entidades «están legalmente establecidas». Dado que la preocupación de los vecinos se orientaba hacia un problema de carácter sanitario, derivado del olor, Ortiz aseguraba, también en agosto, que pondría sus quejas en conocimiento de la Consellería de Sanidade. Desde entonces, nada más ha trascendido al respecto.

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