A pesar de que en muchas partes del mundo se busca despenalizar la marihuana, en Trinidad y Tobago aún se considera el cultivo y uso de esta planta como una acción ilegal.
Ya en el año 2014, activistas en territorios regionales cercanos se agitaban a favor de “liberar” la hierba. En febrero de 2015, Jamaica se convirtió en la primera nación caribeña en despenalizar la marihuana cuando la Cámara de Representates aprobó una ley que permitía poseer hasta 2 onzas (56.6 gramos) de cannabis. La nueva legislación también le permite a quienes la consumen sembrar hasta cinco plantas para uso personal, y se establecieron directrices para el cultivo y la distribución tanto para el uso medicinal de la marihuana como para su uso en ceremonias religiosas.
En una región cuyo sistema de justicia está plagado de casos pendientes por delitos menores de posesión, el camino hacia la despenalización es bien recibido por muchos. En Jamaica, no solo el uso de la hierba está despenalizado, sino que también es visto como algo normal –se habla de una cooperativa de marihuana y del potencial en el turismo de la hierba. Es más, a fines del 2015, en el festival Rastafari Rootzfest se celebró la liberación de la marihuana, a pesar de que algunos insisten en que el desarrollo de la industria jamaiquina de la marihuana legal no ocurre lo suficientemente rápido.
Mientras tanto, la postura de Trinidad y Tobago sobre este tema se mantiene en el lado opuesto. La cuenta oficial de Twitter del Servicio Policial de Trinidad y Tobago (TTPS, por sus siglas en inglés) a menudo publica imágenes y actualizaciones sobre las cantidades de marihuana que incautan y destruyen:
La policía destruye marihuana avaluada en TT$650,000 (poco más de USD96,000) encontrada en Las Cuevas.
Algunos cibernautas sienten que la legislación de la marihuana podría separar su uso del peligroso y violento mercado de droga ilegal y disminuir la carga al sistema de justicia, pero la TTPS mezcla ambos casos y menciona orgullosamente que sus incautaciones de marihuana en 2017 aumentaron un 29.7% desde el año anterior.
La otra faceta del problema es, por supuesto, la marihuana con fines medicinales. En septiembre de 2015, C420, ONG para la reforma de la ley de cannabis en Trinidad y Tobago, amenazó con demandar al Ministerio de Salud del país, dijo que no ha dado a conocer que existe una legislación en relación a la posesión legal de marihuana.
En octubre del 2015, la escritora Nazma Muller, una firme defensora de la despenalización, escribió una publicación como invitada sobre el tema en Global Voices. Ahí mencionó que esta “legislación actualizada también ha sido misteriosamente omitida por legiones de abogados quienes ganan cifras astronómicas al defender clientes acusados según la ley de drogas peligrosas. en los 15 años desde su promulgación, nunca se ha usado como defensa en los miles de casos de posesión de marihuana que han estado obstruyendo el sistema judicial del país”.
El trabajo de Muller como activista y líder del Colectivo Caribeño por Justicia, partido político que hizo campaña hace poco en una plataforma ecológica que se dedicaba a la legalización del cannabis, la ha convencido de que lo único que ha logrado la Guerra contra las Drogas de Estados Unidos es la encarcelación predominante de “hombres pobres, jóvenes y negros“.
No está sola; su petición en línea, que pide al Gobierno que “aborde el hecho de que mientras la marihuana siga siendo ilegal, siempre estará bajo el control de bandas criminales”, ha sido firmada por más de 3,000 personas, y hay un documental sobre el tema. En una publicación en Facebook, Muller expresó que un excatedrático de la Universidad de las Indias Occidentales, doctor Onwubiko Agozino, le escribió al primer ministro y le sugirió que con la legalización de la hierba se vería una disminución dramática de la delincuencia:
En una publicación para Wired868, popular sitio web satírico de deportes y política, el bloguero Jabal Hassanali presentó su opinión para “tomar la acción de la marihuana”:
La publicación también trató sobre el “elefante en la habitación”, que son las Naciones Unidas –a pesar de la decisiones de muchos de sus países signatarios que los alejan de las políticas de prohibición de drogas– que sigue penalizando el uso no médico o no científico del cannabis:
